NACIONALES

En regiones más interiores, como el resto del occidente y algunas zonas del centro del país, se espera un cielo nublado a medio nublado, con lluvias y lloviznas dispersas, sin descartar descensos leves en la temperatura ambiente.

La práctica de efectuar nombramientos al final de un periodo gubernamental no es inédita en Honduras, pero siempre ha generado debate sobre la legitimidad y la legalidad de esas acciones cuando se perciben como medidas para asegurar puestos a simpatizantes del partido saliente.

El director del COHEP, Armando Urtecho, aseguró que el sector empresarial aún no ha recibido el texto formal del dictamen, lo que ha impedido un análisis interno con el nivel de detalle que consideran necesario antes de discutirlo con los legisladores.

Velásquez, abogado de formación y máster en Seguridad Humana, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector seguridad, desempeñándose en roles operativos, técnicos, administrativos y de gestión dentro de diversas agencias policiales y de inteligencia.

La administración de Nasry Asfura ha llevado a cabo varias rondas de juramentaciones desde su toma de posesión, buscando consolidar un equipo técnico y político que impulse las políticas del gobierno en áreas clave como seguridad, justicia, desarrollo económico y derechos humanos.

El dirigente empresarial señaló que los recientes acercamientos diplomáticos y políticos entre ambos gobiernos han contribuido a generar un clima de confianza que podría traducirse en decisiones concretas en materia comercial y migratoria.

Mientras un sector apuesta por acuerdos con el oficialismo para obtener espacios de incidencia institucional, otro grupo encabezado por Nasralla sostiene que ese camino compromete la identidad y la credibilidad del partido.

En muchos países, la inclusión de textos sagrados o enseñanzas de fe en escuelas públicas ha sido objeto de debates legales y sociales, en algunos casos incluso elevándose a instancias judiciales para determinar su constitucionalidad.

Como parte de la resolución, además de la restricción de movilidad, a Cuéllar se le impuso la prohibición de salir del país y de establecer contacto con otros implicados en la causa. Asimismo, su cargo como diputada quedó suspendido temporalmente.