Diputada Cuéllar pasa a arresto domiciliario y queda suspendida
Como parte de la resolución, además de la restricción de movilidad, a Cuéllar se le impuso la prohibición de salir del país y de establecer contacto con otros implicados en la causa. Asimismo, su cargo como diputada quedó suspendido temporalmente.
6 de febrero de 2026
La diputada Isis Cuéllar, representante del departamento de Copán por el Partido Libertad y Refundación (Libre), fue puesta bajo arresto domiciliario y suspendida temporalmente de sus funciones como congresista, como parte del avance de un proceso judicial por presuntos actos de corrupción vinculados al manejo de fondos públicos.
El proceso conocido como caso Sedesol gira en torno a presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde se habrían manejado fondos públicos sin cumplir con los fines sociales para los cuales fueron asignados. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya había detectado indicios de desvío de recursos en 2025, y esos hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía para posibles acciones penales.
La medida fue dictada la tarde del jueves por un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el marco de una audiencia de declaración de imputado relacionada con el caso Sedesol, una investigación que apunta al desvío de recursos estatales destinados a programas sociales y cuyo monto supera los seis millones de lempiras, según las investigaciones preliminares del Ministerio Público (MP).
Como parte de la resolución, además de la restricción de movilidad, a Cuéllar se le impuso la prohibición de salir del país y de establecer contacto con otros implicados en la causa. Asimismo, su cargo como diputada quedó suspendido temporalmente, y sus funciones serán asumidas por su diputado suplente hasta que concluya el proceso judicial.
Durante la audiencia, las autoridades judiciales aceptaron la solicitud presentada por la Fiscalía para imponer medidas cautelares a Cuéllar y otros cinco acusados presentes, a quienes también se les dictó arresto domiciliario. La defensa de la legisladora ha sostenido la inocencia de su representada, afirmando que los recursos cuestionados fueron aplicados a programas sociales y no destinados a enriquecimiento ilegal.
La decisión ha generado reacciones diversas. Por un lado, sectores de la sociedad civil han manifestado críticas al hecho de que la diputada enfrente el proceso bajo arresto domiciliario y no en prisión preventiva, señalando que esta medida podría interpretarse como un tratamiento privilegiado. Organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han expresado su descontento con el fallo y la percepción de impunidad que puede generar.
Por otro lado, legisladores del propio Congreso Nacional han señalado que el cumplimiento de la orden judicial es obligatorio y que la suspensión del cargo y la prohibición de ejercer funciones públicas mientras avanza el proceso son pasos previstos en la legislación hondureña para casos de delitos contra la administración pública.
Este caso se suma a una serie de investigaciones de alto perfil que apuntan al uso irregular de fondos estatales en diversas instituciones del Estado hondureño, intensificando el debate sobre la necesidad de mecanismos más robustos para la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
El arresto domiciliario, que limita la libertad de movimiento de la imputada sin privarla completamente de ella, es una medida cautelar permitida por la ley hondureña, aunque no siempre genera consenso entre expertos y organizaciones civiles, debido a que puede ser percibida como menos estricta que la prisión preventiva en casos de delitos graves contra el Estado.
La suspensión de funciones de un diputado en medio de un proceso judicial busca evitar interferencias en la investigación y en el ejercicio del cargo público, además de proteger la integridad del propio proceso penal.
