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La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), contempla intervenir alrededor de 2.3 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 20 % del territorio nacional.

La propuesta también ha sido cuestionada por sectores médicos, que han señalado que trasladar algunos servicios no necesariamente resolvería las causas estructurales de la saturación hospitalaria.

Factores como los conflictos geopolíticos, las condiciones del mercado petrolero y los costos de transporte internacional pueden generar aumentos que posteriormente repercuten en distintos sectores del país.

Actualmente, 103 municipios se mantienen bajo alerta roja, debido a las dificultades que enfrentan distintas comunidades para disponer de agua y mantener sus actividades productivas.

En septiembre, las autoridades anunciaron la declaratoria de tres grupos criminales como terroristas y la creación de mecanismos judiciales especializados para conocer casos relacionados con esas organizaciones.

Entre las acciones desarrolladas hasta el último reporte figuran más de 1,100 pruebas de alcoholemia, además de 75 patrullajes en balnearios para verificar las condiciones de seguridad de estos espacios.

La situación mantiene especial preocupación en las zonas productivas, donde la falta de agua ha afectado cultivos y aumentado el riesgo para la seguridad alimentaria de numerosas familias.

La Sesal explicó que los productos que ya cumplieron su vida útil, presentan deterioro o dejaron de ser aptos para su utilización deben permanecer bajo resguardo temporal mientras se completa el procedimiento institucional correspondiente para su baja y disposición definitiva.

La decisión ocurre en medio de la preocupación del gremio por el incremento de los costos de operación, especialmente debido al precio del diésel, combustible utilizado de manera significativa por el transporte público y de carga.