NACIONALES

A pocos días de concluir su mandato, la administración de la expresidenta Xiomara Castro enfrenta señalamientos por una serie de nombramientos y traslados de personal en la Secretaría de Salud (Sesal) que, según críticos, se realizaron de forma irregular y con fines políticos para favorecer a allegados y exfuncionarios.

La práctica de efectuar nombramientos al final de un periodo gubernamental no es inédita en Honduras, pero siempre ha generado debate sobre la legitimidad y la legalidad de esas acciones cuando se perciben como medidas para asegurar puestos a simpatizantes del partido saliente.

De acuerdo con fuentes vinculadas al sector sanitario, durante las últimas semanas de la gestión antes de la toma de posesión del presidente Nasry Asfura se emitieron múltiples acuerdos que colocaron a personas cercanas al partido Libertad y Refundación (Libre) en puestos dentro del sistema de salud pública, incluidos cargos en hospitales, gerencias regionales y plazas laborales con sueldos elevados.

Estas designaciones incluyeron, entre otros casos, la asignación de una plaza al exdiputado Marco Eliud Girón como médico de guardia y la colocación de la exministra de Salud, Carla Paredes, en una posición con salario sustancial, lo que ha generado protestas dentro del gremio médico y la comunidad profesional.

Miembros del Colegio Médico de Honduras (CMH) han expresado su preocupación por estos procedimientos, argumentando que deben respetarse los marcos legales y los criterios técnicos para la contratación de personal sanitario, y han exigido que se investigue a fondo cualquier anomalía que pueda haberse cometido al final de la administración saliente.

Una de las situaciones más polémicas fue la supuesta adjudicación de una plaza en el Hospital de San Lorenzo con un salario de más de 105 mil lempiras para Paredes, generando críticas porque, según opositores y profesionales del sector, esa designación fue hecha sin que la funcionaria cumpliera con los requisitos o funciones esperadas para el cargo.

Personal interno también atribuye la firma de varios nombramientos a altos funcionarios que actuaron en los días previos a la entrega del poder, lo que ha sido interpretado como un intento de “asegurar” posiciones dentro de la estructura estatal en beneficio de ciertos grupos.

Los cuestionamientos están en sintonía con otras revisiones de la nueva administración, que ha optado por anular contratos y nombramientos considerados improcedentes por no ajustarse a la normativa vigente luego de la transición de gobierno.

Las reacciones han sido mixtas: mientras algunos señalan que estas acciones reflejan un patrón de favoritismo político, otros funcionarios defienden que las plazas otorgadas fueron parte de un proceso de regularización laboral que debía atender carencias históricas en la Secretaría de Salud.

El debate ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en las contrataciones del sector público, especialmente en instituciones clave como la Sesal, donde la ausencia de criterios claros puede afectar tanto la gobernanza como la confianza ciudadana.

El Colegio Médico de Honduras ha solicitado en varias ocasiones que las designaciones de personal en el sistema de salud se rijan por criterios técnicos y normativos claros, y no por afinidades políticas, especialmente cuando el país enfrenta retos significativos en cobertura de servicios y atención a la población.

Por su parte, la nueva administración ha empezado a revisar y, en algunos casos, dejar sin efecto decisiones que considere improcedentes, como parte de su esfuerzo por restaurar la legalidad y la transparencia en las contrataciones estatales tras el cambio de gobierno.

Este episodio se suma a una serie de debates públicos recientes sobre cómo gestionar adecuadamente la transición entre administraciones sin que queden vacíos de control o prácticas que puedan perjudicar a los servicios públicos esenciales.