NACIONALES

El mayor nivel de ejecución se registró en 2024, cuando se movilizaron L898.5 millones a través de SEDESOL, FHIS y Gobernación. ASJ señala que ninguna de las instituciones involucradas ha presentado ante los organismos de control la totalidad de las liquidaciones exigidas por ley.

Las autoridades también realizarán recorridos nocturnos en las zonas costeras, principalmente durante las horas en que se registra una mayor presencia de tortugas en las playas para cumplir con el proceso de desove.

El conjunto está integrado por 32 propiedades, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, ubicados principalmente en Francisco Morazán, Olancho y Lempira.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, durante los primeros meses de 2026 se ha registrado un número considerable de mujeres detenidas por su presunta vinculación con diferentes delitos.

La Fiscalía sostiene que determinadas publicaciones y mensajes habrían sobrepasado los límites de la crítica y constituido acciones contra la libertad de expresión y de prensa.

El representante del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, informó que las distintas agencias de la organización trabajan junto al Gobierno, las autoridades locales y la Alcaldía del Distrito Central para atender a las poblaciones más vulnerables.

El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, aseguró que la Policía Nacional cuenta con las condiciones necesarias para comenzar a ejecutar acciones contra personas vinculadas con estructuras criminales una vez aplicadas las nuevas disposiciones legales.

El alcalde municipal, Mario López, alertó que durante todo el período lluvioso solamente se registró una precipitación significativa, una condición que dejó a numerosos agricultores sin producción para abastecer a sus familias.

En agosto de 2025, el Ministerio Público había conseguido que se dictara detención judicial contra los tres hombres, luego de presentar los señalamientos sobre el supuesto plan contra Zelaya.
La captura fue anunciada entonces por el fiscal general de la República, Johel Zelaya.