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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió sobre serias deficiencias de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de L1,837.3 millones del Fondo de Administración Solidaria, recursos gestionados entre 2023 y 2025 mediante diputados del Congreso Nacional para financiar becas, alimentos, viviendas y otros programas sociales.

El fondo fue establecido en 2023 a través de las Disposiciones Generales del Presupuesto, que permitieron al Congreso asignar hasta L950 millones anuales a distintas instituciones estatales para atender programas sociales y obras de menor escala. Sin embargo, según la investigación de ASJ, los mecanismos utilizados para identificar beneficiarios, entregar recursos y posteriormente liquidarlos presentan importantes vacíos de control.

De acuerdo con el informe, instituciones como SEDESOL, el FHIS y la Secretaría de Gobernación aparecían formalmente como responsables de ejecutar los recursos, pero en la práctica los diputados tenían un papel central en la selección de proyectos, la solicitud de beneficios y su entrega en las comunidades.

El mayor nivel de ejecución se registró en 2024, cuando se movilizaron L898.5 millones a través de SEDESOL, FHIS y Gobernación. ASJ señala que ninguna de las instituciones involucradas ha presentado ante los organismos de control la totalidad de las liquidaciones exigidas por ley.

Uno de los principales cuestionamientos corresponde a los cupones y certificados alimenticios. De los más de L187 millones utilizados durante el período analizado, únicamente el 37 % habría sido liquidado. Además, más de L53 millones fueron canalizados mediante un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes a Libertad y Refundación.

En el caso de las becas, ASJ identificó que 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron más de L110 millones para unas 22,000 ayudas estudiantiles. La organización también cuestionó una cláusula de confidencialidad incluida en un convenio entre SEDESOL y BANADESA, utilizada para restringir información sobre la liquidación de estos fondos.

La investigación además encontró casos en los que personas señaladas como beneficiarias aseguraron no haber recibido la ayuda que aparecía registrada oficialmente o haber recibido un beneficio diferente. En otro caso, el supuesto destinatario de un apoyo económico negó incluso tener el negocio consignado en los documentos.

ASJ sostiene que estos hallazgos generan dudas sobre el uso de recursos públicos y su posible utilización con fines políticos. Transparencia Internacional, por su parte, identificó que 24 de los diputados que gestionaron este tipo de beneficios fueron reelegidos en las elecciones más recientes.

El director de Democracia y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, señaló que la principal preocupación no radica únicamente en determinar quién recibió los recursos, sino en la falta de información clara sobre su liquidación y fiscalización.

Entre las medidas propuestas figuran una nueva Ley de Administración de Subvenciones, la publicación de los beneficiarios y de los informes de liquidación, además de impedir que los diputados intervengan directamente en la distribución de ayudas financiadas con fondos públicos, especialmente durante períodos electorales.