NACIONALES

Un juez de letras en materia penal desestimó parte de los elementos probatorios planteados por la defensa del general en condición de retiro Roosevelt Hernández, durante la audiencia inicial del proceso que enfrenta por presuntos ataques contra cuatro periodistas. La decisión permite que continúe el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El Ministerio Público presentó el 29 de julio de 2026 un requerimiento fiscal contra Hernández, a raíz de publicaciones y mensajes difundidos en medios vinculados con las Fuerzas Armadas que fueron señalados como ataques contra periodistas y la libertad de prensa. La investigación incluye denuncias, testimonios y peritajes sobre material audiovisual y digital.

Durante la audiencia inicial, la defensa del exjefe del Estado Mayor Conjunto intentó incorporar distintos elementos para sustentar su posición; sin embargo, el juez decidió no admitir las pruebas planteadas por la representación legal del imputado, según la información conocida al finalizar la diligencia.

El caso involucra a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, quienes aparecen como afectados dentro de la investigación. La Fiscalía sostiene que determinadas publicaciones y mensajes habrían sobrepasado los límites de la crítica y constituido acciones contra la libertad de expresión y de prensa.

Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran declaraciones de testigos y documentación relacionada con las publicaciones cuestionadas. También se incorporaron contenidos difundidos por las Fuerzas Armadas de Honduras, tanto en plataformas digitales como en su publicación impresa.

Uno de los aspectos señalados durante la audiencia corresponde a mensajes difundidos en redes sociales y al peritaje realizado sobre ese material. La parte acusadora sostiene que esos contenidos pueden ser utilizados para establecer la forma en que se propagaron los mensajes cuestionados.

La controversia se centra en publicaciones donde los periodistas fueron identificados con expresiones descalificadoras, entre ellas el calificativo de “sicarios de la verdad”, situación que generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas y derivó en acciones ante el Ministerio Público.

Con la resolución adoptada en la audiencia inicial, el proceso judicial continúa su curso y serán las autoridades competentes las que deberán determinar, conforme avance el procedimiento, la responsabilidad o no del general retirado frente a los señalamientos formulados en su contra.

La decisión representa un revés procesal para la defensa de Hernández, que previamente tampoco había logrado detener el avance del expediente mediante un recurso de reposición presentado contra la admisión del requerimiento fiscal.