JOH reclama sus propiedades tras sobreseimiento
El conjunto está integrado por 32 propiedades, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, ubicados principalmente en Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
2 de septiembre de 2026
El expresidente Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García, anunciaron que emprenderán acciones para intentar recuperar el patrimonio que fue asegurado por las autoridades hondureñas, luego de que un tribunal dictara un sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario en el proceso penal que enfrentaba en Honduras.
El caso patrimonial comprende 131 bienes que en marzo de 2024 fueron objeto de una privación definitiva de dominio solicitada por el Ministerio Público. El conjunto está integrado por 32 propiedades, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, ubicados principalmente en Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
La decisión judicial conocida el 1 de septiembre modificó el escenario legal de Hernández en Honduras. El juzgado resolvió cerrar definitivamente el proceso penal relacionado con los señalamientos de fraude y lavado de activos, aunque las partes todavía tienen la posibilidad de recurrir la resolución ante una instancia superior.
Tras conocer el fallo, Hernández y García retomaron públicamente su intención de recuperar los bienes que permanecen bajo medidas derivadas del proceso de privación de dominio. La defensa sostiene que el patrimonio tiene un origen lícito y que una parte importante de las propiedades habría sido obtenida mediante herencias.
La lista de activos involucra propiedades y derechos registrados no solamente a nombre del exmandatario y su esposa, sino también de familiares y otras personas vinculadas al expediente. En su momento, la Fiscalía argumentó que existían elementos relacionados con operaciones financieras y posibles vínculos con personas investigadas por actividades ilícitas.
La defensa de Hernández ya había solicitado asistencia jurídica internacional para incorporar documentación procedente de Estados Unidos. Entre los documentos buscados figuraba información oficial relacionada con el indulto otorgado al exgobernante y la situación de su expediente judicial en ese país.
El equipo legal considera que estos nuevos elementos pueden ser relevantes para la causa patrimonial y ha sostenido que el cierre del proceso estadounidense modifica las circunstancias bajo las cuales fueron asegurados los bienes.
No obstante, la recuperación de las propiedades no es automática tras el sobreseimiento penal.
La decisión sobre los 131 bienes corresponde al juzgado especializado en privación de dominio, que deberá valorar la documentación y los argumentos de las partes antes de determinar si procede o no una eventual devolución.
De esta manera, mientras el sobreseimiento definitivo representa el cierre del proceso penal que enfrentaba Hernández en Honduras, el futuro de los bienes incautados permanece como un asunto jurídico independiente que deberá resolverse en los tribunales.
