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Desde el sector empresarial se destaca que el turismo requiere flexibilidad en la contratación, especialmente en temporadas altas como feriados y vacaciones, cuando la demanda de servicios aumenta de forma considerable.

Tras la decisión judicial, la abogada constitucionalista Ruth Lafosse calificó el fallo como un “lavado de manos jurídico”, señalando que el sobreseimiento implica que los magistrados optaron por no pronunciarse sobre el fondo de las denuncias.

Durante el encuentro, el ministro del Consejo Nacional de Inversiones, Epaminondas Marinakys, sostuvo un acercamiento con los empresarios para conocer sus expectativas sobre el clima de negocios y las áreas con mayor potencial para nuevas inversiones en el país.

De acuerdo con evaluaciones recientes, entre 20 y 30 productos han registrado aumentos en los últimos meses, afectando tanto alimentos básicos como otros artículos necesarios para el consumo cotidiano.

Los participantes en la movilización señalaron que esperan que el gobierno y las autoridades judiciales intervengan para acelerar las investigaciones del caso y establecer mecanismos que permitan devolver los fondos a los afectados.

El caso expuso cómo fondos destinados a servicios médicos y proyectos de infraestructura terminaron desviados mediante contratos irregulares y estructuras de corrupción público-privada.

En medio del debate político que atraviesa el país, diversos sectores consideran necesario abrir la discusión sobre la aplicación del juicio político contra funcionarios vinculados a decisiones que, según analistas, podrían afectar la institucionalidad electoral de Honduras.

La decisión busca proyectar a Honduras como un destino confiable para el capital productivo y consolidar la estabilidad de las reglas de negocio.

Ante ello, autoridades han señalado que se implementarán medidas más estrictas de monitoreo para evitar que embarcaciones vinculadas a actividades irregulares utilicen nuevamente el pabellón hondureño.