Critican sobreseimiento del estado de excepción
Tras la decisión judicial, la abogada constitucionalista Ruth Lafosse calificó el fallo como un “lavado de manos jurídico”, señalando que el sobreseimiento implica que los magistrados optaron por no pronunciarse sobre el fondo de las denuncias.
6 de marzo de 2026
La decisión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) de sobreseer los recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados contra el estado de excepción aplicado durante varios años en el país ha generado fuertes cuestionamientos en sectores jurídicos y de sociedad civil.
Analistas consideran que la resolución evita revisar a fondo las denuncias relacionadas con la aplicación de esa medida de seguridad.
El estado de excepción fue implementado por el gobierno de Xiomara Castro en diciembre de 2022 mediante un decreto ejecutivo que suspendía temporalmente varias garantías constitucionales con el argumento de enfrentar la criminalidad.
La medida fue prorrogada en múltiples ocasiones durante más de tres años, lo que generó debate entre defensores de derechos humanos y autoridades de seguridad.
Tras la decisión judicial, la abogada constitucionalista Ruth Lafosse calificó el fallo como un “lavado de manos jurídico”, señalando que el sobreseimiento implica que los magistrados optaron por no pronunciarse sobre el fondo de las denuncias.
Según explicó, el argumento utilizado por la Corte fue que el estado de excepción ya no se encontraba vigente, por lo que consideraron que los recursos habían perdido objeto.
La jurista sostuvo que esta resolución podría impedir que se investiguen posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante la vigencia de la medida, entre ellas allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y otros abusos denunciados por ciudadanos.
En su opinión, cerrar los expedientes sin un análisis de fondo deja sin respuesta a las personas que aseguran haber sido afectadas por esas acciones.
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), su director de Justicia y Seguridad, Nelson Castañeda, también cuestionó la resolución al señalar que la Corte perdió la oportunidad de establecer un precedente legal que delimite cómo deben aplicarse este tipo de medidas excepcionales en el país. A su juicio, la falta de un pronunciamiento claro impide generar jurisprudencia que sirva de guía para futuros gobiernos.
Durante la vigencia del estado de excepción, organismos nacionales e internacionales documentaron numerosas denuncias de abusos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras registró cerca de mil quejas contra agentes de seguridad por presuntas violaciones a derechos fundamentales durante operativos ejecutados bajo esa medida.
Aunque el sobreseimiento cierra el análisis constitucional sobre la medida, expertos sostienen que las investigaciones sobre posibles abusos no deberían detenerse. En ese sentido, consideran que corresponde al Ministerio Público de Honduras continuar con las indagaciones y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas derivadas de las actuaciones realizadas durante la aplicación del estado de excepción.
