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De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, la estrategia contempla la intensificación de jornadas quirúrgicas en los principales centros asistenciales, así como la habilitación de horarios extendidos y fines de semana para atender el mayor número posible de casos pendientes.

La iniciativa contempla una inversión aproximada de 3.8 millones de dólares y beneficiará a más de 75,000 personas en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, territorios especialmente vulnerables dentro del llamado Corredor Seco centroamericano.

La advertencia abarca los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, donde se prevén lluvias constantes, descenso de temperaturas y alteración del oleaje, condiciones que podrían generar riesgos en comunidades vulnerables.

Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) estiman que cerca del 40% del agua tratada no logra ser distribuida debido a daños en la red, fugas y conexiones irregulares.

La advertencia no es menor: en años anteriores, algunos barrios ya han experimentado ciclos similares o incluso más prolongados, con acceso al servicio apenas una vez por semana en temporada seca.

García calificó los señalamientos como “falsos e irresponsables”, argumentando que no solo carecen de sustento, sino que además han generado un ambiente de hostilidad que incrementa el peligro en su contra.

Diversos sectores han intensificado sus llamados para que el Poder Legislativo avance en este mecanismo constitucional, considerado por muchos como una herramienta para exigir responsabilidades a altos funcionarios del Estado.

Con el cierre de esta fase, el caso entra en un momento crucial, a la espera de una resolución que podría definir el rumbo judicial de uno de los procesos más sensibles en materia de transparencia y manejo de fondos públicos en el país.

De acuerdo con el funcionario Leonel Núñez, integrante de la comisión liquidadora, la medida alcanzará aproximadamente a 1,999 trabajadores, como parte de un proceso administrativo orientado a reorganizar dependencias estatales y evaluar la permanencia del personal.