NACIONALES

Estas medidas buscan reducir incidentes relacionados con el consumo de alcohol, así como preservar un ambiente de respeto durante las celebraciones litúrgicas, que congregan a miles de fieles en espacios públicos.

Durante sus declaraciones, el exmandatario sostuvo que no descarta volver a territorio hondureño independientemente de la situación legal en su contra, reiterando su postura de que los señalamientos forman parte de una persecución política.

La medida quedó establecida mediante el decreto ejecutivo PCM-007-2026, aprobado en Consejo de Secretarios de Estado, y tendrá una vigencia de un año, durante el cual se implementarán acciones extraordinarias para mejorar la atención a los derechohabientes.

El pronunciamiento surge en medio de crecientes tensiones en distintas instituciones del Estado, donde la organización considera que las decisiones políticas han sido abordadas de manera reactiva, enfocándose en sustituir personas sin corregir las causas de fondo que generan la crisis.

Las menciones surgieron durante debates recientes en el Legislativo, donde el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, dejó entrever que ambos funcionarios podrían enfrentar este mecanismo constitucional si prosperan las denuncias presentadas en su contra.

De acuerdo con análisis recientes, el país ha mantenido un comportamiento relativamente estable en sus cuentas, con esfuerzos orientados a reducir el déficit y mejorar la sostenibilidad de la deuda.

El acercamiento entre el Gobierno de Honduras y Chiquita Brands International se enmarca en los esfuerzos de la actual administración por atraer capital extranjero y consolidar la confianza del sector privado.

La alerta del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAH se produce en un contexto de presión económica para los hogares hondureños, marcado por el encarecimiento de productos esenciales y la volatilidad en los mercados alimentarios.

En este caso, el proyecto integra a varias instituciones, incluyendo la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la Procuraduría General de la República y la Presidencia, en un esfuerzo coordinado para garantizar transparencia, control y sostenibilidad en su administración.