Congreso apunta a nuevos juicios políticos
Las menciones surgieron durante debates recientes en el Legislativo, donde el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, dejó entrever que ambos funcionarios podrían enfrentar este mecanismo constitucional si prosperan las denuncias presentadas en su contra.
27 de marzo de 2026
El Congreso Nacional de Honduras vuelve a colocar en agenda la posibilidad de iniciar procesos de juicio político contra altos funcionarios, entre ellos el consejero electoral Marlon Ochoa y el magistrado Mario Morazán, en medio de un clima de tensión institucional.
El debate sobre posibles juicios políticos se produce tras una serie de conflictos derivados del proceso electoral reciente, que ha dejado cuestionamientos sobre el desempeño de autoridades vinculadas al sistema electoral.
Las menciones surgieron durante debates recientes en el Legislativo, donde el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, dejó entrever que ambos funcionarios podrían enfrentar este mecanismo constitucional si prosperan las denuncias presentadas en su contra.
De acuerdo con lo expuesto en el hemiciclo, existen solicitudes formales impulsadas por sectores políticos y organizaciones civiles que plantean investigar el desempeño de varios funcionarios vinculados a instituciones electorales. Estas acciones se suman a procesos recientes que ya han derivado en salidas o cambios dentro de cargos clave del Estado.
El juicio político, contemplado en la legislación hondureña, requiere una votación calificada del Congreso para avanzar, lo que implica un respaldo amplio dentro del pleno legislativo.
En ese sentido, distintos actores políticos han comenzado a medir fuerzas para determinar si existen los votos necesarios para impulsar estos procesos.
Figuras como Marlon Ochoa, integrante del Consejo Nacional Electoral, y Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral, han sido señaladas en distintos espacios como parte de una lista de funcionarios susceptibles a este tipo de procedimientos.
El juicio político es un mecanismo que permite al Congreso investigar y eventualmente destituir a funcionarios por causas relacionadas con el desempeño de sus funciones o posibles faltas graves, requiriendo el respaldo de al menos dos tercios de los diputados para su aprobación.
En este escenario, el país atraviesa una etapa de alta polarización política, donde las decisiones del Legislativo podrían marcar el rumbo de la institucionalidad en los próximos meses, especialmente en lo relacionado con el sistema electoral y la confianza pública.
