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Unos 500 mil hondureños adicionales podrían caer en condición de inseguridad alimentaria en los próximos meses, según estimaciones del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la UNAH, lo que elevaría a más de 2.2 millones el número de personas afectadas en el país.

La inseguridad alimentaria en Honduras continúa siendo un problema estructural influenciado por factores económicos, climáticos y sociales que impactan directamente el acceso a los alimentos.

La combinación de pobreza, variaciones en la producción agrícola, aumento en los precios de la canasta básica y efectos del cambio climático ha generado un escenario de creciente vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales y sectores urbanos de bajos ingresos.

De acuerdo con el análisis del OBSAN, actualmente alrededor de 1.7 millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, cifra que podría incrementarse significativamente si se mantienen las condiciones actuales. El organismo advierte que entre junio y julio de 2026 podría registrarse este aumento de aproximadamente medio millón de personas más en inseguridad alimentaria.

Especialistas señalan que este comportamiento responde principalmente al encarecimiento de productos básicos, el impacto del costo de los combustibles en la cadena de distribución de alimentos y la reducción en la capacidad de compra de los hogares. Estos factores generan una presión directa sobre las familias, que en muchos casos se ven obligadas a reducir la cantidad o calidad de sus alimentos diarios.

El informe también destaca que la situación no es uniforme en todo el país, ya que las regiones rurales y las zonas con mayor pobreza concentran los niveles más altos de vulnerabilidad alimentaria, donde las familias dependen en gran medida de empleos informales y actividades agrícolas de subsistencia.

Ante este panorama, el OBSAN y expertos en seguridad alimentaria hacen un llamado a fortalecer políticas públicas orientadas a la protección social, el apoyo a la producción agrícola y la estabilización de precios de la canasta básica, con el fin de evitar un deterioro mayor en las condiciones de vida de la población.

Finalmente, se advierte que, de no implementarse medidas estructurales, la tendencia podría continuar al alza, profundizando la crisis alimentaria y afectando especialmente a niños, niñas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad en el país.