Joya Grande inicia nueva etapa bajo control estatal
En este caso, el proyecto integra a varias instituciones, incluyendo la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la Procuraduría General de la República y la Presidencia, en un esfuerzo coordinado para garantizar transparencia, control y sostenibilidad en su administración.
27 de marzo de 2026
El gobierno de Honduras oficializó el inicio de una nueva fase en la administración del zoológico Joya Grande, tras la firma de un convenio interinstitucional que redefine el uso y manejo de este bien incautado.
La recuperación de Joya Grande forma parte de las políticas impulsadas por el Estado hondureño para reutilizar bienes decomisados en beneficio público, transformando activos previamente ligados al crimen organizado en espacios productivos y de impacto social.
El acuerdo establece que la Oficina Administradora de Bienes Incautados mantendrá el control legal del complejo, mientras que la Presidencia de la República asumirá la coordinación operativa, planificación y supervisión del proyecto, en una acción conjunta orientada a transformar el espacio en un activo público funcional.
De acuerdo con lo anunciado, el recinto dejará de ser únicamente un zoológico para convertirse en un centro multifuncional que incluirá el resguardo de fauna silvestre decomisada, programas de rehabilitación de especies, educación ambiental, investigación científica y actividades de turismo ecológico.
Autoridades destacaron que esta iniciativa busca dar un giro al uso del complejo, anteriormente vinculado a estructuras criminales, para ponerlo al servicio de la población mediante actividades educativas, recreativas y de conservación ambiental. Asimismo, se proyecta que el espacio genere dinamismo económico en la zona a través del turismo interno y la creación de oportunidades para comunidades cercanas.
El sitio ya cuenta con infraestructura básica para la atención de visitantes y opera con personal asignado, mientras se avanza en la consolidación del nuevo modelo de gestión bajo supervisión estatal.
En este caso, el proyecto integra a varias instituciones, incluyendo la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la Procuraduría General de la República y la Presidencia, en un esfuerzo coordinado para garantizar transparencia, control y sostenibilidad en su administración.
Además, el nuevo enfoque responde a una tendencia regional de fortalecer la conservación ambiental y promover el turismo sostenible, aprovechando recursos naturales como herramientas de desarrollo local.
En ese sentido, Joya Grande se perfila como un proyecto piloto que combina recuperación de bienes, educación ambiental y generación de ingresos, en un contexto donde el país busca alternativas para dinamizar su economía y fortalecer su imagen institucional.
