La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Centro Asistencial Legal Anticorrupción (ALAC), presentó una denuncia administrativa ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), solicitando una auditoría exhaustiva sobre el uso de fondos en el Congreso Nacional durante el período 2022-2024.

La acción se fundamenta en el informe “Abuso y opacidad: el verdadero Congreso del pueblo”, el cual expone graves deficiencias en la gestión, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de compras y contrataciones legislativas. Según el análisis de ASJ, se desconoce el destino de más de 824 millones de lempiras correspondientes a los años 2023 y 2024, producto de la falta de información pública y la negativa del Congreso a facilitar detalles sobre estos fondos.

El informe revela que en 2022 no se reportó el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), y aunque en 2023 y 2024 sí se presentaron PACCs con presupuestos de L 369 millones y L 535 millones respectivamente, estos no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Transparencia y la ONCAE. Ante las solicitudes formales de información, el Congreso únicamente remitió a su portal de transparencia, donde los datos requeridos no están disponibles.

Entre las irregularidades detectadas destaca el uso excesivo de compras menores, sumando 95 millones de lempiras en tres años, y un patrón de fraccionamiento de adquisiciones —como compras semanales de alimentos para seguridad por L 13.6 millones— que contravienen las normativas vigentes. De las 14,083 compras menores identificadas, solo 21 fueron reportadas en la plataforma Honducompras, omitiéndose además las cotizaciones de oferentes no adjudicados, lo que impide evaluar la legalidad y transparencia de los procesos.

Otro hallazgo relevante es la canalización de compras a través de 50 unidades ejecutoras no autorizadas, como diputados individuales y bancadas partidarias, en lugar de las siete reconocidas oficialmente. Esta práctica entorpece la trazabilidad de los fondos y favorece la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos.

ASJ advierte que estas irregularidades no solo violan la legislación sobre contratación pública, sino que vulneran el interés ciudadano y debilitan la democracia. La falta de planificación, el fraccionamiento intencionado de compras y la omisión de información pública obstaculizan el control social y reducen la capacidad del Estado para atender sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.

“La opacidad institucional y la negación de información atentan contra el derecho ciudadano de participar activamente en la gestión pública”, concluye el informe. ASJ exhorta al TSC a actuar con urgencia e independencia para esclarecer el uso de estos recursos y exigir cuentas al Congreso Nacional.