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El Tribunal Supremo Popular de Cuba sentenció a cadena perpetua al exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil por múltiples delitos, entre ellos espionaje, cohecho y manipulación de documentos oficiales, informó el lunes la institución en un comunicado oficial.

Además, por un segundo proceso, Gil recibió una condena adicional de 20 años de prisión por cohecho para falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.

Según el tribunal, Gil utilizó su posición de alto rango para obtener beneficios personales, recibir pagos de empresas extranjeras y sobornar a funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes.

Los jueces detallaron que el exministro “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando daños a la economía” y manejó información clasificada de manera indebida, entregándola presuntamente a “servicios del enemigo”.

El tribunal destacó que estos actos constituyen “traición a la Patria”, considerado como el crimen más grave en Cuba, y justificaron la imposición de sanciones severas contra Gil, quien se convierte en el cargo político más alto condenado en la isla en al menos 15 años.

Alejandro Gil, ingeniero en explotación del transporte, inició su carrera en empresas estatales y en el Ministerio de Finanzas y Precios.

En julio de 2018 fue designado ministro de Economía y Planificación durante la presidencia de Miguel Díaz-Canel y posteriormente ascendió a viceprimer ministro y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Entre sus responsabilidades estuvo la implementación de la controvertida reforma económica de 2021, conocida como la Tarea Ordenamiento, que buscaba unificar la moneda en la isla. La medida tuvo efectos negativos en la economía, incluyendo la devaluación del peso y la expansión del uso del dólar.

Gil fue cesado en febrero de 2024, inicialmente atribuido a problemas en la ejecución de las reformas económicas. Sin embargo, un mes después, el presidente Díaz-Canel confirmó que estaba bajo investigación por graves irregularidades vinculadas a corrupción.

La Fiscalía General informó en octubre de 2025 que Gil estaba imputado por once delitos, los cuales fueron confirmados en los procesos judiciales concluidos en noviembre de este año.

Con estas condenas, Cuba busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el espionaje dentro de los más altos niveles del gobierno, reafirmando el marco legal que protege la información clasificada y la integridad de las instituciones estatales.