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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que existiría un operativo coordinado entre unidades del Ejército boliviano y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) con el objetivo de proceder a su detención entre el viernes y el sábado de esta semana.

Según sus declaraciones difundidas en medios locales, el exmandatario aseguró haber recibido información sobre la supuesta planificación de una acción conjunta en la que participarían servicios de inteligencia militar y agentes extranjeros, en el marco de un clima político marcado por tensiones internas y acusaciones cruzadas entre el gobierno y sectores afines al exgobernante.

Morales sostuvo que este supuesto operativo estaría relacionado con las recientes acusaciones del Ejecutivo boliviano, que lo señala de presuntamente financiar movilizaciones sociales con recursos vinculados al narcotráfico, una afirmación que ha elevado la confrontación política en el país sudamericano.

El exmandatario, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, afirmó que estas acciones formarían parte de una estrategia para frenar las protestas y bloqueos que se han registrado en distintas regiones, y que sus seguidores atribuyen a sectores opositores y a la actual administración.

En paralelo, el Gobierno boliviano ha reforzado la presencia de la DEA en el país a través de mecanismos de cooperación en inteligencia, lo que ha sido interpretado por distintos actores políticos como un giro en la política de seguridad y lucha antidrogas en la nación andina.

La situación ocurre en un contexto de alta polarización, donde el oficialismo y el bloque político ligado a Morales mantienen una disputa abierta por el control de la narrativa política y la legitimidad de las recientes movilizaciones sociales.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre la existencia del supuesto operativo denunciado por el exmandatario, mientras las autoridades no han emitido una respuesta directa a estas afirmaciones.

El caso se suma a una serie de episodios de tensión política en Bolivia, donde las acusaciones de persecución, conflictos sociales y disputas institucionales han sido recurrentes en los últimos años, manteniendo un escenario de fuerte inestabilidad política.