Democracia, educación y el desafío de reconstruir la confianza

El inicio de un nuevo ciclo político en Honduras ha vuelto a colocar en el centro del debate palabras que escuchamos con frecuencia, pero que pocas veces analizamos con detenimiento: legitimidad, institucionalidad, confianza pública. En medio de discusiones intensas y posiciones encontradas, conviene hacer una pausa y plantearnos una pregunta menos coyuntural y más estructural: ¿estamos formando ciudadanos capaces de sostener una democracia sólida? 

Las democracias no se debilitan únicamente por decisiones políticas. Se erosionan cuando la confianza se fragmenta, cuando el debate público pierde rigor, cuando la opinión sustituye a la evidencia y cuando la cultura de integridad se vuelve frágil. Y esa erosión, muchas veces silenciosa, comienza mucho antes de un proceso electoral. 

La calidad institucional de un país no nace el día de la votación. Se construye durante años, en las aulas, en los hogares, en los espacios donde se aprende a dialogar, a cuestionar, a analizar información y a asumir responsabilidades. Si queremos instituciones más fuertes, necesitamos ciudadanos mejor formados. 

En un contexto regional donde varios países enfrentan tensiones políticas, cuestionamientos institucionales y polarización creciente, Centroamérica comparte un desafío común: fortalecer la confianza pública. Y la confianza no se impone por decreto; se cultiva. Se cultiva cuando las personas comprenden cómo funcionan las instituciones, cuando distinguen entre datos y narrativas, cuando desarrollan pensamiento crítico y cuando internalizan valores de legalidad y responsabilidad. 

Aquí es donde la educación deja de ser un tema sectorial para convertirse en un asunto estratégico de país. 

No hablamos únicamente de ampliar cobertura o modernizar infraestructura. Hablamos de una formación integral que incorpore competencias esenciales para la vida democrática contemporánea: análisis crítico, comprensión de políticas públicas, alfabetización digital, ética profesional y cultura de evidencia. En un mundo saturado de información —y desinformación—, la capacidad de evaluar fuentes, contrastar argumentos y sostener posiciones fundamentadas se vuelve un pilar de la estabilidad institucional. 

La ciencia y la investigación también cumplen un papel central. Los países que fortalecen sus sistemas de investigación no solo impulsan innovación económica; fortalecen la toma de decisiones basada en datos. Políticas públicas construidas sobre evidencia científica tienden a ser más sostenibles, más transparentes y eficaces. Cuando el debate público incorpora información técnica y análisis riguroso, se reduce el espacio para la improvisación y la polarización superficial. 

Las universidades, por su naturaleza, están llamadas a ser espacios de diálogo plural, pensamiento independiente y generación de conocimiento. No como actores partidarios, sino como plataformas donde convergen distintas perspectivas con un compromiso común: la búsqueda de la verdad mediante el rigor académico. La cultura de integridad que se promueve en el ámbito educativo —honestidad en la evaluación, respeto a la propiedad intelectual, responsabilidad en la investigación— no es un simple requisito institucional; es la base de una ética pública más amplia. 

Existe además una dimensión frecuentemente subestimada: la formación técnica y científica como soporte de la gobernanza. Estados que cuentan con profesionales bien formados en economía, salud pública, ingeniería, análisis de datos y gestión pública tienen mayor capacidad para diseñar e implementar políticas coherentes. La fortaleza institucional también depende de la calidad del capital humano que integra el sector público y privado. 

En un entorno económico complejo, con presiones fiscales y desafíos sociales acumulados, resulta tentador concentrarse únicamente en respuestas inmediatas. Sin embargo, las soluciones estructurales exigen inversión sostenida en educación de calidad y en ecosistemas de innovación. No como gasto, sino como estrategia de estabilidad democrática y desarrollo sostenible. 

La región enfrenta retos compartidos: migración, informalidad, brechas tecnológicas, vulnerabilidad climática. Ninguno de estos desafíos puede abordarse de manera efectiva sin ciudadanos capaces de comprender su complejidad y participar activamente en su solución. La educación, entendida como formación de capacidades humanas, se convierte entonces en el terreno donde se decide gran parte del futuro institucional. 

Fortalecer la educación cívica no significa regresar a esquemas memorísticos o discursos retóricos. Significa enseñar a deliberar, a respetar la diferencia, a construir consensos. Significa desarrollar la capacidad de disentir sin deslegitimar. Significa formar profesionales que comprendan que la ética no es un accesorio, sino un componente esencial del ejercicio responsable del poder, en cualquier ámbito. 

La confianza pública, una vez erosionada, es difícil de reconstruir. Pero puede cultivarse generación tras generación. Cada estudiante que aprende a argumentar con rigor, cada investigador que produce conocimiento relevante, cada docente que promueve pensamiento crítico está contribuyendo, silenciosamente, a la calidad democrática del país. 

En tiempos de incertidumbre, es comprensible que el debate se concentre en lo inmediato. Pero las naciones que logran estabilidad y progreso son aquellas que miran más allá del próximo ciclo político y apuestan por la formación sostenida de su capital humano. Las reformas legales son necesarias; la inversión en educación y ciencia es indispensable. 

La democracia no se sostiene únicamente con normas escritas. Se sostiene con ciudadanos capaces de comprenderlas, defenderlas y mejorarlas. Y esa capacidad no surge espontáneamente: se forma. 

Si aspiramos a instituciones más sólidas y a un país con mayor cohesión social, la conversación sobre legitimidad debe ampliarse hacia un terreno más estructural. La calidad institucional comienza mucho antes del primer voto. Comienza en las aulas, en la investigación rigurosa y en la formación ética de cada generación. 

Ahí, silenciosamente, se decide gran parte de nuestro futuro. 

Por: Javier Salgado Lezama 

Ingeniero Civil, con Maestría en Desarrollo Local

Vicerrector Académico Nacional de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC)