NACIONALES

El pronunciamiento se dio durante una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa con motivo del inicio de año, donde el líder de la Iglesia católica señaló que gobernar con rectitud es una obligación moral, ya que, de lo contrario, el pueblo podría rechazar a sus autoridades.

Las conversaciones han abordado prioridades como el crecimiento económico, la generación de empleo, la inversión, el fortalecimiento de la atención social y el papel de los hondureños en el exterior, según fuentes cercanas al mandatario electo.

El año 2025 cerró con una cifra alarmante de muertes a causa de accidentes de tránsito en Honduras, alcanzando 1 894 víctimas fatales, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Este llamado se da en un momento en el que Honduras encara importantes transiciones políticas y sociales, tras procesos electorales recientes y expectativas ciudadanas en torno al rumbo que tomará el país durante 2026, con miras a fortalecer la cohesión social y el desarrollo integral.

Según la legislación hondureña, tras la declaratoria de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 30 de diciembre, se abre un período de tres días hábiles para que los interesados interpongan recursos ante el TJE.

Este órgano electoral estableció que los diputados electos tomarán posesión a partir del 21 de enero de 2026 y ejercerán hasta el 21 de enero de 2030, en consonancia con el calendario constitucional.

Organizaciones de derechos humanos y observadores electorales externaron preocupación por la fragilidad institucional y el impacto que esto tendría en la confiabilidad del proceso democrático hondureño.

Zelaya enfatizó que estas investigaciones se emprenderán después de la declaratoria oficial de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de determinar si hubo irregularidades o prácticas que puedan haber socavado la voluntad popular y la legalidad del proceso.

La nueva normativa, incluida como parte de la llamada One Big Beautiful Bill Act, impone un impuesto especial del 1 % sobre ciertas transferencias de dinero enviadas desde individuos ubicados dentro de Estados Unidos hacia destinatarios en otros países.