NACIONALES

Con el cierre del actual período legislativo programado para el 20 de enero de 2026, el Congreso Nacional de Honduras se encuentra en la fase de transición institucional que dará paso a la nueva legislatura que ejercerá funciones entre 2026 y 2030, tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las que se eligieron los 128 diputados que conformarán el próximo Poder Legislativo.

El proceso de transición arrancará formalmente el 23 de enero, cuando se celebre la sesión preparatoria, un acto previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para verificar credenciales, constatar quórum y sentar las bases de la organización interna del nuevo hemiciclo antes de su instalación definitiva.

Una vez concluido el mandato de la actual directiva y tras la sesión preparatoria, se procederá a elegir a la nueva Junta Directiva en propiedad, que tendrá la facultad de representar al Congreso, definir su agenda legislativa, convocar sesiones y administrar los recursos de la institución durante el nuevo período de cuatro años.

El nuevo Congreso Nacional estará integrado por representantes de cinco fuerzas políticas: el Partido Nacional con la mayoría de curules, seguido por el Partido Liberal, Libertad y Refundación (Libre), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y la Democracia Cristiana, según los datos oficializados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este órgano electoral estableció que los diputados electos tomarán posesión a partir del 21 de enero de 2026 y ejercerán hasta el 21 de enero de 2030, en consonancia con el calendario constitucional.

La transición parlamentaria también llega en un contexto de presión pública por impulsar reformas electorales profundas, destinadas a fortalecer los procesos comiciales y evitar la repetición de problemas técnicos y de credibilidad observados en los comicios recientes, incluyendo retrasos en el escrutinio y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema de transmisión de resultados.

Sectores políticos, expertos y organizaciones sociales han señalado la urgencia de debatir ajustes a la legislación y la estructura de los órganos electorales desde el primer año de la nueva legislatura.

Los retos para la próxima legislatura incluyen no solo organizar su agenda interna, sino responder a las expectativas de una sociedad que demanda mayor eficiencia, transparencia y consenso en torno a temas clave como la ciudadanización de mesas electorales, la separación de elecciones por niveles de gobierno y otras modificaciones al marco jurídico que rige los comicios en el país.

Mientras se concretan los pasos formales de este proceso, la transición del Congreso Nacional es observada como un momento clave para consolidar la estabilidad democrática y sentar las bases de la gestión parlamentaria que acompañará al nuevo gobierno y afrontará los desafíos políticos y sociales de los próximos cuatro años.