La diputada del Partido Liberal de Honduras, Erika Urtecho, denunció públicamente que el ex presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, habría alterado el destino de fondos destinados a evacuaciones médicas de emergencia, lo que, según la parlamentaria, contribuyó indirectamente a la muerte de una joven en Roatán, quien no pudo ser trasladada a tiempo a un hospital de Tierra Firme.

Urtecho expresó su profundo pésame a la familia de la víctima y calificó la situación como un reflejo del abandono sistemático en los traslados de emergencia en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, territorios que enfrenta limitaciones estructurales en atención médica crítica. “Estos departamentos hermanos sufren tragedias que podrían prevenirse con el adecuado funcionamiento de los recursos aprobados para emergencias”, subrayó.

La diputada cuestionó el paradero del fondo de 7 millones de lempiras que, según la ley publicada en La Gaceta el 20 de agosto de 2025, debía entregarse directamente a la Fuerza Aérea de Honduras para garantizar la disponibilidad de transporte aéreo en emergencias médicas.

Sin embargo, afirmó Urtecho, el monto fue redirigido y dejado sujeto a revisión en la Secretaría de Salud, lo que habría retrasado su uso efectivo y afectado la respuesta inmediata ante situaciones críticas.

En sus declaraciones, la legisladora enfatizó que la muerte de la joven no es un caso aislado, sino que refleja una problemática persistente en el acceso a servicios de salud y transporte médico en las islas.

Según Urtecho, la falta de coordinación y transparencia en el manejo de los recursos destinados a emergencias obstaculiza la atención de pacientes en estado crítico y aumenta los riesgos de mortalidad.

El señalamiento de Urtecho abre un debate sobre la responsabilidad institucional y la supervisión de los fondos públicos, así como la urgencia de garantizar que los recursos destinados a la salud y atención de emergencias cumplan con su propósito original.

La diputada anunció que continuará insistiendo en la revisión y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos, con el objetivo de prevenir futuras tragedias en las comunidades más vulnerables del país.