La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una seria advertencia sobre el deterioro de la libertad de expresión en Honduras, al denunciar un patrón de intimidación, difamación y hostigamiento proveniente de las Fuerzas Armadas contra periodistas y medios de comunicación.

Según el organismo, en los últimos meses se ha registrado un incremento preocupante en los ataques hacia comunicadores, que van desde campañas de desprestigio en redes sociales hasta acciones judiciales que atentan contra el derecho a la reserva de las fuentes.

Uno de los episodios más notorios ocurrió el 29 de septiembre, cuando un portal vinculado a las Fuerzas Armadas publicó una portada en la que señalaba al empresario y periodista Rodrigo Wong Arévalo, propietario del Canal 10, como “traidor a la patria”, por supuestamente favorecer la postura de El Salvador en el diferendo territorial por el Golfo de Fonseca.

La publicación fue ampliamente difundida y repudiada por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), que calificaron el hecho como una “estrategia para dividir a la sociedad y fomentar el odio”.

La SIP recordó que no es la primera vez que se registran este tipo de ataques. En mayo, un artículo titulado “Sicarios de la Verdad” apareció en un portal oficial militar, incluyendo fotografías de destacados comunicadores como Wong Arévalo, el presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, y Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces.

Poco después, en julio, pancartas con los rostros de nueve periodistas fueron colocadas en distintos puntos de Tegucigalpa, tildándolos de “enemigos del pueblo” y “armas de desinformación masiva”.

Para la SIP, estos incidentes reflejan un “clima de creciente intolerancia” hacia la crítica y el pensamiento independiente. Además, advirtió que el propio jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, ha impulsado demandas judiciales contra más de una docena de medios, con el fin de obligarlos a revelar sus fuentes, en abierta violación de los principios internacionales que protegen el ejercicio periodístico.

El informe subraya que esta situación no solo pone en riesgo la libertad de prensa, sino también la seguridad de los comunicadores, recordando el asesinato del periodista salvadoreño Javier Hércules Salinas el pasado 1 de junio en Copán. Hércules contaba con medidas de protección por amenazas previas, pero fue interceptado por hombres armados mientras realizaba su trabajo.

La SIP y otras organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos llamaron al gobierno hondureño a frenar la criminalización de la expresión y fortalecer los mecanismos de protección a periodistas, especialmente en medios digitales y comunitarios.

Pidieron, además, que se investiguen de manera exhaustiva los casos de amenazas, detenciones arbitrarias y agresiones, y que se cumplan los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UNESCO.

“La libertad de prensa no puede seguir siendo vista como una amenaza, sino como un pilar de la democracia”, concluye el informe, que insta al Estado a garantizar un entorno libre de miedo y represalias para quienes informan a la población.