El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hizo un llamado público a las autoridades civiles y militares del país para que actúen con prontitud y esclarezcan la denuncia interpuesta por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, sobre una presunta “conspiración para socavar el proceso electoral”.

Según Ochoa, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y señala a una consejera propietaria del CNE y a un jefe de bancada de un partido político, a quienes se les acusa de intentar manipular o interferir en el desarrollo normal del proceso electoral en marcha.

Redondo expresó su total respaldo al consejero Ochoa, destacando la gravedad de los señalamientos y la necesidad de una respuesta institucional contundente. “Desde la presidencia del Congreso Nacional manifiesto mi apoyo al consejero Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral en las graves denuncias que interpuso en el Ministerio Público”, afirmó el titular del Legislativo.

El presidente del Congreso advirtió que estas acciones podrían representar un atentado directo contra la democracia hondureña, la voluntad popular y el Estado de derecho. “Pido a todas las autoridades civiles y militares para que a la mayor brevedad se investiguen estas graves denuncias con carácter de seguridad nacional, por querer atentar contra el proceso electoral, la voluntad popular, la democracia y el Estado de derecho, todos establecidos en la Constitución de la República”, enfatizó.

Redondo reiteró que garantizar la transparencia del proceso electoral es una obligación del Estado y de todos los poderes públicos, especialmente en un contexto político donde la confianza ciudadana es clave. “El pueblo hondureño merece elecciones libres, transparentes y democráticas, sin ningún tipo de manipulación ni conspiración que ponga en riesgo su voluntad”, concluyó.

La denuncia de Ochoa ha generado expectativa en distintos sectores políticos y sociales, que piden que el Ministerio Público actúe con independencia y transparencia para evitar cualquier tipo de interferencia o impunidad en un tema que podría tener repercusiones significativas en el calendario electoral del país.