La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que ha identificado a cuatro despachos de abogados que aparecen de forma reiterada en demandas contra el Estado que han provocado un impacto económico considerable en las finanzas públicas, y que ahora están bajo la lupa del Ministerio Público (MP) por posibles acciones atípicas en estos procesos legales.

En los últimos años, Honduras ha experimentado un aumento significativo en el número de demandas promovidas contra el Estado, muchas de las cuales incluyen embargos a cuentas públicas, juicios laborales y disputas civiles. Estos casos se han convertido en un tema recurrente en la agenda pública debido a su impacto financiero, con críticas sobre la forma en que se defienden o se administran estos procesos desde instancias públicas y privadas.

El procurador general, Dagoberto Aspra, indicó que la concentración de litigios en estos bufetes plantea sospechas de una “mecánica irregular” en cómo se han promovido y gestionado las demandas, muchas de las cuales involucran sumas millonarias de lempiras. Según Aspra, la PGR y autoridades del sistema de justicia detectaron patrones preocupantes que ahora son objeto de investigación formal.

Además de los despachos legales, la PGR confirmó que cuatro de sus propios empleados han sido remitidos al Ministerio Público por presunta actuación dolosa al permitir que vencieran términos procesales en casos clave, lo que podría haber debilitado la defensa del Estado y favorecido resultados adversos. Aspra advirtió que si se pierden varios de estos pleitos, el daño patrimonial podría aumentar aún más.

Entre los casos señalados, el procurador mencionó que el crecimiento exponencial de demandas en los últimos años y la forma en que se han litigado ha generado un “fuerte golpe a las arcas públicas”, especialmente en procesos laborales y embargos ejecutados contra cuentas estatales, lo que ha generado preocupación dentro de las instituciones gubernamentales.

La investigación también contempla posibles vínculos con operadores de justicia y funcionarios que habrían colaborado con estos bufetes en procedimientos que, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para obtener fallos o embargos de manera irregular. Sin embargo, la PGR aún no ha divulgado públicamente los nombres de los despachos o de los implicados para no entorpecer las indagaciones en curso.

Organismos como la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) han advertido que decenas de alcaldías enfrentan embargos judiciales que congelan transferencias y cuentas locales, vinculados a demandas laborales y otras responsabilidades, exacerbando la presión sobre los gobiernos locales y los servicios públicos.

A raíz de este contexto, expertos legales y analistas han señalado la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno, supervisión judicial y defensa del Estado en litigios, al tiempo que instan a las autoridades a sancionar cualquier práctica que pudiera constituir abuso del sistema legal. También han subrayado la importancia de una investigación transparente que lleve a responsables ante la justicia sin afectar negativamente a quienes actúan dentro del marco de la ley. El señalamiento de bufetes privados y empleados públicos se da en un momento en que el país enfrenta una estrechez fiscal y una mayor exigencia de transparencia en la gestión de recursos y responsabilidad en el manejo de conflictos judiciales de alto costo.

Las investigaciones abiertas por el Ministerio Público serán claves para determinar responsabilidades y posibles sanciones si se comprueba que hubo manipulación o irregularidades en la tramitación de demandas que han afectado al erario nacional.