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Una jueza federal estadounidense anuló este martes una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que había respaldado una política de detención migratoria obligatoria sin derecho a audiencia de fianza para personas en procesos de deportación, en un fallo que representa un revés importante para esa estrategia de control migratorio impulsada por la administración federal.

Las políticas migratorias de Estados Unidos han sido tema de intenso debate en los últimos años, con diversos tribunales federales contradiciendo intentos de ampliar la detención de inmigrantes sin audiencias de fianza.

Según análisis legales y revisiones de cientos de fallos judiciales en diferentes circuitos, numerosos jueces han dictaminado que ciertos intentos de negar automáticamente audiencias a migrantes violan principios constitucionales o estatales, lo que ha generado una serie de retos legales para las autoridades encargadas de la Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La magistrada argumentó en su resolución que la BIA no tenía autoridad para reinterpretar una orden judicial previa que ya había limitado la aplicación de detención automática sin ofrecer a los migrantes la oportunidad de solicitar una audiencia individual ante un juez para revisar si pueden enfrentar su proceso en libertad.

Esto significa que, por ahora, las autoridades migratorias no podrán basarse en esta interpretación para retener de manera obligatoria a inmigrantes sin garantizar el derecho a una audiencia de fianza.

Con este fallo, el tribunal federal reafirma que los tribunales deben conservar un rol clave como control y equilibrio frente a decisiones administrativas en materia migratoria y que cada caso de detención debe ser analizado individualmente, permitiendo a la persona detenida argumentar ante un juez si procede o no su liberación mientras continúa su proceso de deportación.

Esto afecta directamente a políticas que buscaban aplicar la detención obligatoria incluso a inmigrantes arrestados lejos de la frontera o que llevaban años residiendo en el país.

El Gobierno federal aún tiene la opción de apelar la decisión, por lo que en las próximas semanas podría iniciar una batalla legal en instancias superiores para intentar mantener su enfoque de detenciones migratorias más estrictas.

Mientras tanto, defensores de derechos de inmigrantes y abogados han señalado que esta decisión podría tener efectos en otros casos similares en distintas partes del país, reforzando el acceso de los migrantes a procedimientos judiciales justos.

Esta sentencia se inscribe en un contexto más amplio de disputas legales sobre la autoridad del poder ejecutivo para establecer políticas migratorias estrictas sin el debido proceso judicial, enfrentándose tanto a cortes de distrito como a apelaciones en tribunales superiores.

De resultar definitiva tras posibles recursos, la resolución podría limitarel alcance de detenciones automáticas y fortalecer las salvaguardias procesales para los migrantes en procedimientos migratorios.

La decisión tiene implicaciones tanto para personas que enfrentan procesos de deportación como para el sistema de justicia migratoria en general, ya que reafirma el principio de que cada caso debe ser revisado individualmente, con acceso a un juez y sin depender exclusivamente de interpretaciones administrativas amplias.

Esto podría traducirse en una mayor protección de derechos fundamentales y un freno, al menos temporal, a políticas que buscaban ampliar la detención migratoria sin restricciones judiciales.