El Ministerio Público (MP) salió al paso a una versión que generó fuertes reacciones y confusión en el ambiente político hondureño. En un comunicado breve pero contundente, la institución negó haber solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una orden de captura contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.

La aclaración surgió tras declaraciones del periodista de TN5, Renato Álvarez, quien afirmó en la emisión nocturna del noticiero que el Fiscal General, Johel Zelaya, había pedido la detención de ambas funcionarias. Álvarez dijo que la información provenía de una fuente de “entera confianza” y que decidió divulgarla por considerarla relevante para la defensa del orden democrático.

El comunicador reiteró en varias ocasiones que mantenía plena certeza sobre la veracidad del dato.

El periodista aseguró además que esperaba una rectificación inmediata por parte del vocero del MP, Yuri Mora, como ha ocurrido en ocasiones previas al divulgar informaciones sensibles. Sin embargo, esa llamada nunca se produjo.

En su lugar, el Ministerio Público publicó un comunicado que, aunque negó tajantemente la versión, fue percibido por algunos sectores como ambiguo y, por otros, como suficiente para desvirtuar el señalamiento periodístico.

El resultado fue una ola de interpretaciones y especulaciones que se intensificó en pocas horas.

La polémica coincidió con un ambiente ya crispado. Horas antes, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, había denunciado públicamente lo que consideró acciones intimidatorias provenientes del Partido Libertad y Refundación (Libre), del Congreso Nacional y de sectores afines al oficialismo.

En mensajes difundidos en sus redes, Hall expresó preocupación por la convocatoria de colectivos de Libre a las afueras del INFOP, lugar donde se resguarda material electoral y laboran técnicos del órgano electoral.

Hall también reaccionó al comunicado de la Comisión Permanente del Congreso, que insinuó presunta comisión de delitos electorales por parte de ella y de la consejera López-Osorio.

La presidenta del CNE rechazó esos señalamientos, calificándolos como carentes de fundamento y fuera de la competencia de dicha Comisión.

“Ratifico mi rechazo a las acciones de intimidación que se están dando y me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales”, sostuvo Hall, quien añadió que como titular del órgano electoral defenderá el proceso “por ser fundamental para la democracia del país”.

El episodio, que mezcló filtraciones no confirmadas, desmentidos institucionales y declaraciones políticas, profundizó la incertidumbre en un momento particularmente delicado del proceso electoral hondureño. Mientras la ciudadanía espera definiciones claras, tanto el CNE como el Ministerio Público enfrentan presiones y cuestionamientos sobre su papel en la crisis.