El magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, instó al presidente de dicho órgano, Mario Flores Urrutia, a reanudar sin demora los procesos legales relacionados con las inscripciones de candidaturas en los departamentos de Olancho y Valle, luego de que estos permanecieran detenidos por más de una semana.

La solicitud fue presentada formalmente mediante el memorándum TJE-DMP-MM-057-2025, dirigido también al secretario general del Tribunal, Marvin Gerardo Matamoros, bajo el asunto: “Reiniciar sin demora proceso legal relación inscripciones en Olancho y Valle (El cronograma apremia y la Ley no es optativa)”.

Según el documento, los expedientes 0801-2025-00092, 0801-2025-00093 y 0801-2025-00095 permanecen paralizados desde el 20 de octubre, fecha en que se notificó la presentación de incidentes de recusación en contra del magistrado presidente Flores Urrutia.

Sin embargo, Morazán denunció que no se ha emitido la primera providencia de trámite, tal como lo exige la Ley Orgánica y Procesal Electoral, generando así una demora que —a su juicio— pone en riesgo el cronograma electoral.

“El Tribunal debe actuar conforme a la ley, no a conveniencia. La falta de resolución genera incertidumbre, debilita la confianza ciudadana y compromete la credibilidad de la institución”, advirtió Morazán.

El magistrado citó el artículo 45 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, el cual regula el procedimiento a seguir ante una recusación. Dicho artículo establece que el presidente del TJE debe:

a) Formar una pieza separada para tramitar el incidente.

b) Notificar al magistrado recusado.

c) Suspender el expediente principal.

d) Convocar a un magistrado suplente.

Además, el magistrado recusado dispone de 24 horas para responder, y la resolución sobre la procedencia o improcedencia del recurso debe emitirse en un plazo máximo de tres días hábiles, sin posibilidad de apelación.

Morazán insistió en que esta normativa es de cumplimiento obligatorio y no puede ser alterada ni interpretada fuera de su texto literal. Por ello, sostuvo que la primera actuación del presidente del TJE debe ser emitir la providencia respectiva, a fin de reactivar los expedientes detenidos y evitar más retrasos.

El memorándum también expone las diferencias internas entre los magistrados Morazán y Flores Urrutia, quienes no han logrado consenso sobre la forma de resolver los casos. En su escrito, Morazán aclara que su posición obedece al estricto respeto del marco legal, y que no participará en ninguna actuación que se aparte de lo que dicta la normativa vigente.

“Si la Presidencia del TJE continúa sin dar curso al trámite legal o pretende manejarlo de otra forma, estaría incumpliendo deberes establecidos por la ley, obstaculizando el acceso a la justicia electoral y retrasando dolosamente el calendario de los comicios”, advirtió.

Morazán dejó constancia de su postura en defensa del cumplimiento estricto de la ley y de la transparencia institucional, reiterando que el respeto a los procedimientos procesales es esencial para garantizar la legitimidad de las elecciones de 2026.

La controversia dentro del TJE surge en un contexto político marcado por crecientes tensiones en torno a las inscripciones de candidatos, un proceso clave en la antesala de los próximos comicios generales. Sectores políticos y observadores han expresado preocupación por la lentitud en la resolución de casos electorales, alertando que cualquier atraso podría impactar directamente en el desarrollo del proceso electoral y en la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia electoral.