La abogada y candidata a diputada por el Partido Liberal de Honduras, Luz Ernestina Mejía, pidió la destitución inmediata del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, a quien acusó de “lesionar la democracia” con sus recientes actuaciones y declaraciones en torno al proceso electoral.

Mejía calificó al jefe castrense como “antidemócrata y aprendiz de tirano”, señalando que su solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las Fuerzas Armadas reciban copias de las actas del nivel presidencial constituye una injerencia directa en funciones que son exclusivas del ente electoral.

“Es inconcebible que el Ministerio Público no esté actuando contra una persona que viola los principios básicos de nuestra democracia, y peor aún, cuando ostenta el máximo cargo en la institución que debe custodiar las maletas electorales”, expresó la candidata liberal.

La aspirante al Congreso recordó que ya había advertido sobre la necesidad de apartar a Hernández del cargo tras los hechos del 9 de marzo, cuando según dijo hubo intentos de manipular el proceso interno. “Fue uno de los autores intelectuales de la tentativa de fraude que el pueblo hondureño impidió, y aun así continúa en el puesto”, afirmó.

Mejía agregó que mantener al jefe militar en su posición daña la confianza ciudadana y pone en entredicho la neutralidad de las Fuerzas Armadas. “El que más se perjudica no es el pueblo, que sabrá defender su voto, sino el propio oficialismo, porque su conducta pone en evidencia la complicidad de la oligarquía melista con sus pretensiones ilegales”, declaró.

Además, la abogada sostuvo que Hernández “pareciera contar con el respaldo político del entorno gubernamental”, lo que a su juicio representa un riesgo para la institucionalidad democrática. “Es deshonra para las Fuerzas Armadas, una institución noble que no debe ser manchada por la conducta de su actual jefe”, apuntó.

La polémica surgió luego de que el general Hernández solicitara al pleno del CNE, en una reunión celebrada el pasado viernes, que el día de las elecciones las Fuerzas Armadas reciban una copia de las actas de las juntas receptoras de voto del nivel presidencial.

El planteamiento fue rechazado por diversos sectores, incluidos juristas, observadores electorales y representantes académicos, quienes consideran que no existe base legal ni constitucional que autorice dicha entrega.

La consejera del CNE, Rixi Moncada Hall, explicó que durante esa reunión se le aclaró al jefe castrense que su solicitud “contradice el marco constitucional y vulnera la autonomía del órgano electoral”. A través de la red social X, Hall reiteró que las Fuerzas Armadas solo pueden cumplir funciones de logística, resguardo y apoyo, conforme al artículo 272 de la Constitución.

Dicho artículo define a la institución armada como “permanente, apolítica, profesional, obediente y no deliberante”, encargada de defender la soberanía, mantener el orden público y proteger los principios del libre sufragio y la alternabilidad presidencial.

Por su parte, Hernández ha sostenido que su petición se hizo en el marco de las facultades que la Constitución confiere a las Fuerzas Armadas, aunque ninguna norma electoral vigente respalda la entrega de actas a la institución militar.

El pronunciamiento de Mejía se suma a una cadena de reacciones críticas provenientes de distintos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que han alertado sobre el riesgo de militarización del proceso electoral.

A menos de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el debate sobre los límites de la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso comicial se ha intensificado, con llamados a respetar el principio de neutralidad militar y la independencia del CNE.

“La democracia hondureña no puede permitirse retrocesos. El Ejército debe estar al servicio de la ley, no de intereses políticos”, concluyó la candidata liberal.