El Gobierno de Honduras aceptó a primeras horas de la noche de este viernes la renuncia irrevocable de José Carlos Cardona como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), luego de que su nombre saliera a relucir en un escándalo de corrupción que involucra la supuesta entrega irregular de fondos públicos destinados a programas sociales en el departamento de Copán.

La renuncia se produjo tras una reunión de emergencia sostenida en Casa Presidencial, liderada por la presidenta Xiomara Castro, en la que se presentó un informe detallado elaborado por la Secretaría de Transparencia. El documento revela graves irregularidades en la asignación y distribución de recursos sociales, incluyendo pagos duplicados, beneficiarios fantasmas y triangulaciones con cuentas particulares.

El informe compromete directamente a Cardona en la aprobación de transferencias sin el debido control administrativo, y también señala como implicada a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar, quien habría facilitado conexiones políticas para canalizar los fondos hacia estructuras paralelas. Ambos funcionarios son mencionados como parte de un esquema que habría operado bajo la fachada de ayudas comunitarias.

Organizaciones de sociedad civil y entes fiscalizadores han exigido una investigación penal inmediata y la ampliación del proceso de auditoría a todos los programas ejecutados por Sedesol en los últimos dos años. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Ministerio Público ya han solicitado acceso al informe para evaluar posibles acciones legales.

Por su parte, la presidenta Xiomara Castro reiteró en redes sociales su compromiso con la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción, asegurando que "nadie estará por encima de la ley". Asimismo, el Gobierno anunció que en las próximas horas se designará de forma interina a un nuevo titular de Sedesol, mientras se reestructura el sistema de supervisión interna de la institución.

La salida de Cardona representa el primer relevo de alto perfil en el gabinete por causas vinculadas a corrupción desde el inicio de la administración de Castro, y marca un momento clave para evaluar la eficacia de los controles institucionales en el manejo de fondos sociales, especialmente en sectores vulnerables.