La exrectora de la Julieta Castellanos afirmó con firmeza que las personas que, a su juicio, obstaculizaron el normal desarrollo del proceso electoral general de 2025 deben ser sometidas a la justicia penal para responder por sus actos.

Esta postura la expresó en un pronunciamiento público en el que subrayó la importancia de garantizar la rendición de cuentas en torno a las irregularidades que marcaron el certamen electoral del año pasado.

Castellanos hizo hincapié en que quienes provocaron daño a la democracia hondureña no pueden quedar impunes y que su actuación debería ser objeto de investigación formal y eventual enjuiciamiento, conforme a las normas vigentes.

Señaló que se trata de un paso fundamental para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y proteger el carácter democrático de los comicios.

La exrectora también destacó los riesgos personales y familiares que enfrentaron algunas autoridades electorales, particularmente las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes, según Castellanos, se vieron obligadas a resguardar su seguridad en medio de amenazas mientras defendían el avance del proceso.

Este llamado coincide con un ambiente político tenso que se ha mantenido desde noviembre de 2025, cuando se realizaron las elecciones generales en Honduras sin que hasta ahora se haya concluido plenamente el escrutinio de todas las actas.

El retraso y las discrepancias observadas en el recuento provocaron cuestionamientos de varios actores políticos y sociales, así como advertencias de distintos sectores sobre posibles vulneraciones al orden democrático y a la voluntad popular expresada en las urnas.

Además, otras figuras del ámbito público han promovido iniciativas para que altos funcionarios responsables de aspectos clave del proceso electoral enfrenten mecanismos de control político o judicial, como la solicitud de juicio político presentada por la titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra funcionarios implicados en la gestión electoral y en la Fiscalía General.

El debate sobre responsabilidades legales y políticas tras los comicios ha generado un cruce de opiniones entre distintos sectores políticos, que sostienen posiciones encontradas sobre si las acciones atribuidas a ciertos actores constituyen delitos o simples controversias administrativas. La insistencia de Castellanos y otros líderes en avanzar hacia la judicialización de estos casos refleja la profunda polarización y la demanda de transparencia que persiste en el escenario posterior a las elecciones 2025.

En este contexto, el avance de cualquier investigación o proceso judicial dependerá de la iniciativa de las autoridades competentes, así como del equilibrio entre la defensa de los derechos políticos y la exigencia de justicia frente a conductas que habrían menoscabado la legitimidad del proceso electoral.