
Exjefe de la DEA: Video contra Romeo Vásquez carece de valor probatorio
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27 de mayo de 2025
27 de mayo de 2025
El exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Mike Vigil, cuestionó la validez del video presentado por el Ministerio Público de Honduras como evidencia contra el general retirado Romeo Vásquez Velásquez. Según Vigil, el material no cumpliría con los estándares probatorios requeridos en tribunales estadounidenses.
"Ese video aquí en los Estados Unidos, un juez federal no iba a permitir que se presentara como evidencia", declaró Vigil, refiriéndose a las imágenes que muestran a Vásquez sentado en un sofá durante una supuesta reunión con narcotraficantes. El exagente señaló que el video es opaco, casi inaudible y que la voz atribuida al general no coincide, lo que pone en duda su autenticidad y valor probatorio.
En contraste, Vigil destacó el video de 31 minutos que involucra a Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, reunido con miembros del cartel de Los Cachiros. "Esa sí es evidencia contundente, que si se usara delante de un jurado aquí en los Estados Unidos, en un minuto fuera condenado Carlos Zelaya", afirmó.
Vigil también criticó la actuación del Ministerio Público hondureño, calificando de "ineptos" a los fiscales que realizaron un allanamiento en una residencia equivocada durante la investigación contra Vásquez. Además, expresó sorpresa ante las declaraciones del fiscal general Johel Zelaya, quien calificó el caso del video de Carlos Zelaya como un "asunto político", mientras se persigue al general Vásquez con una evidencia que considera insuficiente.
Estas declaraciones del exfuncionario estadounidense agregan una dimensión internacional a la controversia, especialmente considerando su experiencia en investigaciones antinarcóticos y su conocimiento de los estándares probatorios requeridos en el sistema judicial estadounidense.
La evaluación de Vigil refuerza las críticas sobre la politización de la justicia en Honduras y plantea interrogantes sobre la credibilidad y motivaciones detrás de las investigaciones selectivas que parecen caracterizar el actual momento político del país.



