El Gobierno de Honduras remitió al Congreso Nacional de Honduras un proyecto de Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con la intención de dar respuesta a la profunda crisis de liquidez que enfrenta el Estado y sentar las bases para una reestructuración del sector público durante los próximos dos años.

La iniciativa legislativa, que ya fue presentada formalmente por la Secretaría de Finanzas ante los diputados, busca crear un marco legal excepcional para fortalecer las finanzas del Estado a través de medidas extraordinarias, que incluyen la reorganización y posible cierre de hasta 37 instituciones públicas consideradas redundantes o con funciones duplicadas.

Según el documento remitido al Legislativo, la propuesta responde al deterioro de las cuentas públicas y a la urgente necesidad de garantizar recursos suficientes para atender sectores prioritarios como salud, educación, seguridad e infraestructura. Además, se plantea un régimen de excepción por un periodo de 24 meses durante el cual se podrán aplicar medidas fiscales y administrativas sin precedentes en la actualidad.

Entre los puntos más significativos del proyecto se encuentra la facultad otorgada al Ejecutivo para fusionar, reestructurar o liquidar entidades de la administración centralizada y desconcentrada, con el objetivo de racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia institucional. Este mecanismo también contempla la reducción de personal y servicios, respetando los derechos laborales y las indemnizaciones según la normativa vigente.

El texto de la iniciativa también incorpora disposiciones para autorizar conciliaciones judiciales y transacciones en procesos nacionales e internacionales, cuando mantener litigios represente un mayor perjuicio económico para el Estado. En materia laboral, dichas conciliaciones deberán ser homologadas por el Poder Judicial para garantizar legalidad y justicia.

El Gobierno fundamenta la propuesta en artículos específicos de la Constitución que permiten la adopción de medidas extraordinarias en situaciones de interés nacional, al tiempo que subraya que la declaratoria de emergencia no suspende derechos fundamentales ni altera el orden constitucional.

Especialistas en finanzas públicas y analistas políticos han señalado que la medida busca no solo enfrentar una crisis coyuntural, sino también atacar problemas estructurales que han generado un desequilibrio fiscal prolongado, como el crecimiento de la deuda estatal y un gasto corriente que supera la disponibilidad de recursos.

El proyecto ahora entrará en la agenda del Congreso Nacional, donde los diputados deberán debatir su contenido y decidir si otorgan el respaldo legislativo para su aprobación. Sectores empresariales, gremiales y políticos observan con atención el proceso, dado que las decisiones que se tomen podrían marcar un hito en la política económica del país y generar efectos directos sobre la administración pública y la fuerza laboral estatal.