La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, expresó este miércoles su optimismo sobre la posibilidad de establecer un diálogo institucional que conduzca a la formulación de una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, marco legal considerado fundamental para reforzar la estructura del Poder Judicial en el país.

La Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es una norma que en el pasado buscó estructurar y regular la administración, gestión de personal y carrera profesional dentro del Poder Judicial, con el fin de asegurar procesos objetivos y transparentes en la selección y evaluación de jueces y otros funcionarios.

En declaraciones públicas, Ráquel señaló que la reciente decisión del Congreso Nacional de Honduras de reformar algunas atribuciones administrativas de la CSJ debe ser abordada mediante un proceso de consulta y consenso entre los poderes del Estado, en lugar de convertirse en un instrumento de confrontación política.

La modificación al decreto 282-2010, que anteriormente otorgaba a la presidencia de la Corte facultades exclusivas para nombramientos, traslados y contrataciones ahora compartidas con el pleno de magistrados ha generado debates tanto en el poder Judicial como en el Legislativo.

Ráquel enfatizó en que su postura no es iniciar procedimientos legales para revertir la reforma, sino aprovechar este momento para trabajar en una norma moderna y robusta que responda a las necesidades institucionales y preserve la independencia judicial. “La justicia se debe al pueblo hondureño”, afirmó, instando a que se respete el principio de separación de poderes y se escuchen las perspectivas técnicas y jurídicas involucradas.

El Congreso Nacional concedió un plazo de 60 días calendario al Poder Judicial para que elabore y remita al Legislativo un anteproyecto de ley sobre el consejo de la judicatura y carrera judicial, con miras a su análisis, discusión y eventual aprobación en el Parlamento.

La iniciativa ha dividido opiniones entre actores del sistema judicial y políticos. Algunos sectores han manifestado inquietud por lo que consideran un posible trasvase de competencias entre poderes del Estado, mientras que otros respaldan la reforma como un paso hacia una administración más colegiada de la justicia.

Además, organizaciones como la Asociación de Jueces por la Democracia han anunciado su intención de presentar recursos jurídicos contra la modificación del decreto 282-2010, argumentando que podría afectar la independencia del Poder Judicial.

El debate sobre la Ley del Consejo de la Judicatura ha surgido en un contexto de esfuerzos por fortalecer los mecanismos de administración y disciplina dentro del sistema judicial hondureño, temas que han sido señalados por analistas como esenciales para mejorar la transparencia, eficiencia y credibilidad del órgano encargado de impartir justicia.

Expertos legales han señalado que la creación de un marco legal claro para el consejo de la judicatura y la carrera judicial podría facilitar la profesionalización de los funcionarios judiciales, garantizar procedimientos más transparentes y fomentar una gestión más equilibrada de los recursos humanos dentro del Poder Judicial.

Mientras la discusión continua, tanto el Legislativo como el Poder Judicial han reafirmado la necesidad de actuar con responsabilidad institucional y respeto mutuo para evitar cualquier debilitamiento del Estado de Derecho y garantizar que los cambios propuestos contribuyan al fortalecimiento de la judicatura en Honduras.

Sin embargo, reformas constitucionales y legales introducidas en años anteriores dejaron sin plena operatividad algunos de esos mecanismos, lo que ha derivado en debates sobre cómo reconfigurar y adaptar el marco jurídico a las necesidades actuales de la administración de justicia en Honduras.

El diálogo propuesto por la presidenta de la CSJ apunta a encontrar puntos de acuerdo que fortalezcan la institucionalidad sin comprometer la independencia judicial consagrada en la Constitución de la República.