La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) ha alertado que más de 70 municipalidades del país están lidiando con embargos judiciales y demandas que comprometen severamente sus finanzas y operaciones, generando preocupación entre las autoridades locales y poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos en varias comunidades.

Las advertencias surgieron tras la revisión del estado financiero y legal de las administraciones municipales en el actual periodo de transición de gobiernos locales.

De acuerdo con dirigentes de la asociación, decenas de alcaldías han sido afectadas por fallos judiciales que ordenan el embargo de cuentas bancarias o la ejecución de recursos públicos para cubrir sentencias en materia laboral y otros reclamos, lo que limita la capacidad de las corporaciones municipales para cumplir con sus obligaciones.

Estos procesos se han acelerado en los últimos meses, y las demandas incluyen desde reclamaciones por salarios caídos, reintegros y prestaciones hasta otras ejecuciones por deudas administrativas. Esta situación se da en un contexto más amplio de presión fiscal que ha afectado también al Gobierno central, que recientemente informó que solo en los primeros días de febrero enfrentó embargos judiciales por más de 3 000 millones de lempiras, sumados a demandas acumuladas en los últimos años.

Autoridades municipales explican que, ante la falta de liquidez, embargos millonarios pueden bloquear transferencias de fondos, paralizar proyectos de infraestructura y limitar gastos operativos, como la compra de insumos básicos y la remuneración de personal.

En algunos casos, corporaciones han tenido que recurrir a recursos propios o reprogramar gastos para ajustarse a las obligaciones impuestas por fallos judiciales, lo que afecta directamente la gestión municipal de educación, salud, transporte y servicios comunitarios en poblaciones de todas las regiones del país.

El presidente de la AMHON ha insistido en la necesidad de diálogo interinstitucional con el Poder Judicial, la Secretaría de Finanzas y otras entidades competentes, para revisar los procedimientos judiciales que han llevado a la imposición de embargos, con miras a garantizar que estos se tramiten conforme a la normativa vigente y no paralicen injustificadamente la operatividad de las alcaldías.

Asimismo, subrayó la importancia de establecer mecanismos de acompañamiento técnico y financiero a los gobiernos locales para atender obligaciones legales sin descuidar las necesidades de la población.

El fenómeno de demandas y embargos a gobiernos locales también ha sido señalado como reflejo de tensiones históricas en el manejo de recursos municipales y responsabilidades legales de administraciones anteriores, generando llamados a fortalecer las capacidades de planificación financiera en las alcaldías y promover procesos de rendición de cuentas más sólidos.

Aunque las cifras concretas por municipio varían, el impacto acumulado de estas afectaciones ha colocado a muchas municipalidades en una situación delicada, obligándolas a priorizar pagos y reestructurar presupuestos para evitar la suspensión de servicios esenciales.

Mientras tanto, líderes municipales y la AMHON han enfatizado que, más allá de las implicaciones económicas inmediatas, estos embargos también revelan desafíos estructurales en la gestión pública local que requieren atención a largo plazo, incluida la revisión de normativas y procedimientos laborales, la promoción de mediaciones antes de llegar a litigios y una mayor coordinación entre instituciones estatales para proteger la estabilidad financiera de las comunas.