A tan solo 45 días de las elecciones generales, el Instituto de la Justicia presentó oficialmente su más reciente estudio “Termómetro Electoral”, un ejercicio de medición ciudadana que se posiciona como una de las herramientas más confiables y técnicamente sólidas en el actual panorama político hondureño.

El proyecto surge en respuesta a la creciente ola de desinformación y manipulación de encuestas, con el propósito de ofrecer una fuente independiente, verificable y transparente que contribuya a un proceso electoral más informado y basado en evidencia.

El levantamiento de datos fue realizado por Le Vote entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre de 2025, abarcando más de 200 municipios del país. La muestra, compuesta por 2,028 entrevistas telefónicas aleatorias a números móviles personales, permitió alcanzar una representación equilibrada de los distintos sectores y regiones de Honduras, superando limitaciones logísticas y de seguridad que suelen afectar otros estudios de campo.

El rigor del Termómetro Electoral ha sido reconocido por un panel de siete especialistas internacionales en análisis de datos, política comparada y metodologías de investigación.

Entre ellos se destacan Daniel Montalvo, director de Operaciones de Investigación en LAPOP/Vanderbilt University; Marija Stankovska de Sample Solutions; **Anthony Fontes profesor de American University; Joseph Dieleman de la Universidad de Washington; Abram Huyser-Honig, de la Universidad Estatal de Michigan; Nicolás Rodríguez de la Universidad de Salamanca; y Mark Ungar del Brooklyn College.

Los resultados del estudio arrojan un panorama de competencia abierta y ciudadanos atentos pero escépticos. Según los datos, 26% de los hondureños votaría por Salvador Nasralla, aspirante presidencial por el Partido Liberal; 21% lo haría por Nasry Asfura, del Partido Nacional; y 14% por Rixi Moncada, representante de Libertad y Refundación (Libre).

Otros candidatos suman un 3%.

En cuanto a la percepción del proceso electoral, el 46% de los entrevistados considera que las próximas elecciones podrían ser “algo” o “muy fraudulentas”, mientras que el 32% confía en que serán “algo” o “muy limpias”. Este dato refleja una ciudadanía dividida en su valoración del sistema democrático.

La credibilidad institucional también enfrenta desafíos: tres de cada cuatro hondureños (75%) dijeron tener “poca” o “ninguna” confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque el 61% aseguró que sí ejercerá su voto en noviembre, demostrando un compromiso cívico que se mantiene pese a la desconfianza.

El estudio revela que la mayoría de los hondureños mantiene una participación política pasiva: el 69% no ha asistido a concentraciones o reuniones partidarias, y el 86% no ha compartido contenido político en redes sociales. Entre los pocos que sí participan, el 29% lo hace en actividades organizadas por iglesias y el 37% en actos vinculados a partidos políticos.

La desilusión con la política tradicional se refleja en el ánimo ciudadano: la mitad de los encuestados (50%) afirma sentirse decepcionada de la situación política nacional. Sin embargo, la población tiene claras sus demandas para el próximo gobierno: el 30% considera que la prioridad debe ser la generación de empleo, el 18% exige una lucha frontal contra la corrupción, mientras que salud y educación aparecen como preocupaciones centrales con 17% cada una.

Con el fin de fortalecer la confianza en los procesos de investigación social, el Instituto de la Justicia ha puesto a disposición del público la metodología completa, bases de datos internas y resultados detallados del Termómetro Electoral en su portal oficial https://institutodelajusticia.com .

Esto permite que cualquier persona, medio de comunicación o institución académica pueda realizar sus propios análisis por departamento, género, edad u otras variables.

El Instituto de la Justicia es un centro de pensamiento hondureño dedicado a promover el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.

Mediante investigaciones aplicadas y análisis técnico, busca contribuir a la toma de decisiones informadas y a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia.

En un contexto político donde predomina la polarización y el escepticismo ciudadano, el Termómetro Electoral se consolida como un aporte valioso al debate democrático, al ofrecer datos verificables y un enfoque metodológico que prioriza la objetividad sobre el discurso partidario.