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El proceso legal entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el fiscal general, Johel Antonio Zelaya, entró en una nueva etapa luego de que no se lograra un acuerdo durante la audiencia de conciliación celebrada en la Corte Suprema de Justicia.

El caso surge a raíz de una querella por presuntas calumnias, en medio de tensiones entre autoridades electorales y del Ministerio Público, lo que ha generado atención pública por el perfil de los involucrados.

Ante la falta de entendimiento entre las partes, la querella interpuesta por López continuará su curso y pasará a juicio oral y público, donde un juez deberá valorar las pruebas y argumentos presentados por ambos lados.

Al finalizar la audiencia, la consejera López reiteró su postura, asegurando que los señalamientos en su contra carecen de fundamento. “No era yo la de esos audios, por lo que tendrá que demostrarlo en un juicio”, expresó, insistiendo en que el caso debe esclarecerse en los tribunales.

Asimismo, cuestionó la actuación del fiscal general al hacer públicos los audios y atribuirle su contenido, señalando que ahora corresponderá probar la veracidad de dichas afirmaciones. “Esto se va a definir en un juicio oral y público; ahí saldrá la verdad”, sostuvo, al tiempo que rechazó cualquier vínculo con actos irregulares.

López también interpretó que el intento previo de la defensa de Zelaya por anular el proceso evidenciaba una intención de evitar el juicio. Sin embargo, tras no concretarse la conciliación, el expediente avanza formalmente hacia una etapa judicial más amplia.

Se espera que el juez a cargo del caso informe en los próximos días sobre el calendario procesal, incluyendo la fecha de la siguiente audiencia, donde se definirán aspectos clave del desarrollo del juicio.

Con este nuevo giro, el conflicto se traslada a un escenario judicial abierto, donde ambas partes deberán sustentar sus posiciones en un proceso que promete mantener el foco en la relación entre instituciones del Estado.