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Honduras continúa enfrentando serios desafíos en materia de seguridad y justicia, con un sistema que muestra señales de estancamiento pese al aumento sostenido en la inversión pública destinada al combate de la violencia. Así lo advierte un reciente informe presentado por el Instituto de Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que expone un panorama marcado por altos niveles de impunidad, expansión del crimen y debilidades estructurales en la respuesta estatal.

El análisis, incluido en la quinta edición de la serie Estado de País 2026, señala que aunque la tasa de homicidios ha experimentado una reducción significativa en la última década —pasando de 85.5 muertes por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26.6 en 2025— Honduras sigue encabezando los índices de violencia en Centroamérica, con un promedio de seis asesinatos diarios.

Uno de los datos más preocupantes del informe es que la impunidad en casos de homicidio alcanzó el 98% durante 2025, lo que significa que la mayoría de los crímenes registrados en el país permanecen sin sentencia condenatoria.

Según el documento, de los más de 74 mil homicidios ocurridos en los últimos 15 años, apenas una mínima parte ha logrado avanzar hasta una resolución judicial.

Esta situación persiste pese a que entre 2022 y 2025 el Estado destinó más de 130 mil millones de lempiras al sistema de seguridad y justicia. A ello se suma una recaudación anual superior a los 4,400 millones de lempiras provenientes de la denominada Tasa de Seguridad, recursos que, según el informe, no han generado mejoras sustanciales en la capacidad investigativa ni en el fortalecimiento institucional.

La extorsión también continúa siendo una de las principales amenazas para la población hondureña. De acuerdo con la encuesta de victimización presentada, un 10.6% de los hogares fue afectado por este delito durante 2025, lo que representa cerca de 295 mil familias. El fenómeno, además, muestra una expansión hacia zonas del país donde históricamente tenía menor incidencia, con departamentos como Yoro y Lempira reportando cifras por encima del promedio nacional.

En materia de violencia contra las mujeres, el informe confirma un escenario alarmante. Durante el último año se registraron 262 muertes violentas de mujeres, equivalente a un asesinato cada 33 horas. En los últimos cinco años, de más de 2,200 casos contabilizados, solo una pequeña fracción ha llegado a juicio y menos aún ha concluido con condenas, dejando una tasa de impunidad superior al 95%.

La situación de la niñez también genera preocupación. El documento revela que durante 2025 se presentó una denuncia por abuso sexual infantil cada siete horas, reflejando graves fallas en los mecanismos de prevención, protección y acceso a justicia para niños, niñas y adolescentes.

Ante este panorama, el Instituto de Justicia de ASJ plantea una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la respuesta estatal. Entre ellas destacan el impulso de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, la modernización del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la investigación criminal científica y la profesionalización de los operadores de justicia.

Asimismo, propone priorizar estrategias de inteligencia táctica y uso de tecnología en zonas de alta incidencia delictiva, especialmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, ciudades que concentraron el 40% de los homicidios registrados en 2025.

El informe concluye que, más allá del incremento presupuestario, Honduras necesita una transformación profunda de sus instituciones de seguridad y justicia para recuperar la confianza ciudadana y garantizar respuestas efectivas frente a la violencia que continúa afectando a miles de familias en el país.