Operativo ilegal de Dipampco bajo investigación tras masacre en Cortés
El hecho ha generado una fuerte reacción institucional. La Secretaría de Seguridad ordenó la suspensión de altos mandos de la Dipampco mientras se desarrollan las diligencias administrativas y penales para establecer responsabilidades en la planificación y ejecución del operativo.
23 de mayo de 2026
Las investigaciones en torno a la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) han revelado nuevas líneas que apuntan a que el operativo en el que participaron habría sido ejecutado fuera de los protocolos oficiales, sin orden judicial ni acompañamiento del Ministerio Público. El caso mantiene bajo escrutinio a la cúpula policial y ha derivado en medidas administrativas e intervenciones internas.
Las autoridades hondureñas continúan profundizando en el caso de los cinco agentes de la Dipampco que murieron durante una operación en la zona de Corinto, Omoa, Cortés, mientras surgen elementos que apuntan a que la acción habría sido realizada al margen de los procedimientos legales establecidos.
De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el equipo policial habría ingresado a una vivienda vinculada a una estructura criminal con el objetivo de ejecutar un decomiso de droga, dinero en efectivo y supuestas joyas de oro, en una intervención que no contaba con orden de allanamiento, fiscal acompañante ni autorización formal de la cadena de mando.
Fuentes vinculadas a la investigación señalan que este tipo de operativos, cuando se desarrollan dentro del marco legal, requieren planificación previa, validación del Ministerio Público y la participación de autoridades judiciales que den respaldo a las evidencias recolectadas. Sin embargo, en este caso, esos pasos habrían sido omitidos, lo que abre cuestionamientos sobre la legalidad de la misión.
El hecho ha generado una fuerte reacción institucional. La Secretaría de Seguridad ordenó la suspensión de altos mandos de la Dipampco mientras se desarrollan las diligencias administrativas y penales para establecer responsabilidades en la planificación y ejecución del operativo.
Asimismo, se mantiene abierta una intervención interna en la unidad especializada, con el objetivo de revisar la cadena de mando, los protocolos de actuación y la forma en que se autorizó la operación que terminó en tragedia.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y otras instancias de seguridad, mientras crece el debate público sobre el control operativo de las unidades especiales y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en acciones contra el crimen organizado.
