Honduras defiende salida de la CCJ
El anuncio surge mientras se desarrollan versiones sobre la expulsión de magistrados hondureños desde Nicaragua, situación que hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente por ambos gobiernos.
28 de mayo de 2026
El Gobierno de Honduras reiteró su posición sobre el cierre de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego de que varios países miembros denunciaran el convenio que daba vida al organismo regional. La decisión ocurre en medio de tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre el futuro de la integración centroamericana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras afirmó que la salida del país de la Corte Centroamericana de Justicia responde a una decisión soberana ajustada al derecho internacional, tras el cese oficial de funciones del organismo regional. Según explicó la Cancillería, la CCJ perdió su personalidad jurídica después de que Nicaragua, Honduras y posteriormente El Salvador denunciaran el convenio constitutivo del tribunal.
Las autoridades hondureñas señalaron que el retiro fue realizado conforme a los mecanismos legales establecidos en los tratados regionales y recalcaron que Nicaragua mantiene la potestad soberana de regular la permanencia de extranjeros en su territorio. No obstante, Honduras pidió que cualquier medida aplicada contra ciudadanos hondureños vinculados a la Corte sea ejecutada respetando sus derechos, garantías consulares y bienes personales.
El anuncio surge mientras se desarrollan versiones sobre la expulsión de magistrados hondureños desde Nicaragua, situación que hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente por ambos gobiernos. Paralelamente, la Cancillería indicó que ya se trabaja en el proceso administrativo para liquidar personal y cerrar de forma ordenada las operaciones de la Corte.
La desaparición práctica de la CCJ abre nuevas interrogantes sobre el rumbo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ya que el tribunal funcionaba como órgano judicial regional desde la década de los noventa. Analistas consideran que el debilitamiento de la institución podría impactar los mecanismos de resolución de conflictos y cooperación jurídica entre los países de la región.
