Crean nueva Agencia contra el crimen organizado
La nueva entidad funcionará como un mecanismo de articulación entre las principales instituciones encargadas de la seguridad, investigación e inteligencia, con la finalidad de mejorar la coordinación operativa en casos relacionados con extorsión, crimen organizado y delitos de alto impacto.

29 de mayo de 2026
El Gobierno anunció la puesta en marcha de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva instancia de coordinación interinstitucional que busca reforzar la lucha contra la extorsión y el crimen organizado mediante el intercambio de información y el trabajo conjunto de las entidades de seguridad del Estado.

Con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad, el Gobierno del presidente Nasry Asfura impulsó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, establecida mediante el decreto legislativo 84-2026 como un organismo adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

La nueva entidad funcionará como un mecanismo de articulación entre las principales instituciones encargadas de la seguridad, investigación e inteligencia, con la finalidad de mejorar la coordinación operativa en casos relacionados con extorsión, crimen organizado y delitos de alto impacto.

Entre las instituciones que integrarán este esquema de trabajo conjunto se encuentran la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Policía Nacional de Honduras y las Fuerzas Armadas, además de otros organismos de inteligencia del Estado. El objetivo es unificar esfuerzos y criterios para optimizar la respuesta ante estructuras criminales.

Como parte central del nuevo modelo, el decreto contempla la creación de una plataforma integrada de información criminal, en la que se concentrarán datos vinculados a investigaciones de extorsión. Este sistema recopilará registros de números telefónicos asociados a delitos, información bancaria, servicios financieros, pagos móviles y billeteras electrónicas utilizadas en actividades ilícitas.

Las empresas proveedoras de estos servicios estarán obligadas a entregar la información requerida por las autoridades en un plazo máximo de 30 días, con el fin de agilizar los procesos de investigación y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

Las autoridades señalaron que esta herramienta tecnológica forma parte de un conjunto más amplio de reformas orientadas a modernizar los mecanismos de seguridad, mejorar el intercambio de inteligencia y reforzar la capacidad operativa frente a las estructuras criminales que afectan a distintos sectores de la población, incluyendo comerciantes, transportistas y familias hondureñas.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será el encargado de reglamentar el funcionamiento de la Agencia Nacional contra el Crimen, incluyendo los protocolos de operación y su despliegue a nivel nacional.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca consolidar una estrategia más integrada y tecnológica para enfrentar el delito, fortaleciendo la coordinación entre instituciones y ampliando las capacidades del Estado en materia de seguridad ciudadana.








