Cosenza recibe libertad supervisada con arresto domiciliario
De acuerdo con la resolución judicial, el exfuncionario deberá cumplir cinco años bajo libertad supervisada, bajo la modalidad de arresto domiciliario, como parte de la sentencia emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida.

6 de junio de 2026
El exfuncionario hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad, fue sentenciado en Estados Unidos a cinco años de libertad condicional bajo régimen de arresto domiciliario, tras su vinculación con un proceso judicial relacionado con corrupción y lavado de activos en el manejo de fondos públicos.
El caso se desarrolla en el sistema judicial estadounidense, donde se han procesado varios expedientes vinculados a presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos en Honduras. En este proceso específico, las investigaciones apuntan a contratos estatales y esquemas de sobornos asociados a la compra de suministros para instituciones de seguridad.
Cosenza, quien dirigió la Tasa de Seguridad en administraciones anteriores, enfrentó acusaciones por su presunta participación en la coordinación de adjudicaciones irregulares financiadas con fondos públicos, lo que derivó en cargos por conspiración y lavado de dinero en una corte federal en Miami.
De acuerdo con la resolución judicial, el exfuncionario deberá cumplir cinco años bajo libertad supervisada, bajo la modalidad de arresto domiciliario, como parte de la sentencia emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida.
La Fiscalía estadounidense había solicitado inicialmente una pena de prisión de mayor duración, argumentando la gravedad de los delitos investigados; sin embargo, el tribunal determinó una sanción reducida dentro del marco del acuerdo judicial tras la declaración de culpabilidad del acusado.
El proceso también contempló el tiempo que Cosenza habría permanecido bajo custodia previamente, lo que influyó en la determinación del periodo final de supervisión judicial.
Con esta decisión, el caso del exdirector de la Tasa de Seguridad continúa siendo uno de los procesos más relevantes relacionados con el manejo de fondos públicos hondureños en cortes internacionales, en medio de investigaciones más amplias sobre redes de corrupción vinculadas a contrataciones estatales.








