Campesinos exigen seguridad tras masacre en Trujillo
Los dirigentes campesinos hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que se realicen investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y aplicar todo el peso de la ley contra los autores materiales e intelectuales del crimen.
23 de mayo de 2026
Diversas organizaciones campesinas de Honduras expresaron su repudio ante la masacre ocurrida en la aldea Rigores, en Trujillo, Colón, un hecho que ha generado indignación nacional y reavivado la preocupación por la creciente violencia en las zonas rurales del país.
Los sectores productivos del campo advierten que la inseguridad continúa afectando directamente la vida, el trabajo y la estabilidad de las comunidades agrícolas.
Las principales organizaciones campesinas del país condenaron enérgicamente la reciente masacre registrada en el sector de Rigores, Trujillo, donde varias personas vinculadas a actividades del campo perdieron la vida en un ataque armado atribuido a estructuras del crimen organizado.
En un pronunciamiento conjunto, representantes del sector campesino calificaron el hecho como un golpe devastador para las comunidades rurales, señalando que este tipo de violencia no solo enluta a las familias afectadas, sino que también profundiza la sensación de abandono en regiones donde la presencia estatal es limitada.
Los dirigentes campesinos hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que se realicen investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y aplicar todo el peso de la ley contra los autores materiales e intelectuales del crimen.
Asimismo, solicitaron al Estado la implementación de medidas concretas orientadas a reforzar la seguridad en el campo, señalando que la falta de control en zonas agrícolas ha permitido la expansión de grupos criminales y la persistencia de conflictos que afectan directamente la producción y la vida comunitaria.
Las organizaciones también insistieron en la necesidad de diseñar políticas públicas integrales que atiendan de forma estructural la problemática de la violencia rural, incluyendo mayor presencia institucional, acceso a justicia y protección para las familias campesinas que continúan desarrollando sus labores en un entorno de alto riesgo.
El pronunciamiento concluye con un llamado a detener la violencia que golpea de forma recurrente a las comunidades agrícolas del país y a garantizar condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo del sector rural hondureño.
