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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países, como Sudán del Sur y El Salvador, tras una votación de 6 a 3, en la que las juezas progresistas se opusieron. Esta decisión revoca una orden previa de un juez federal de Massachusetts que había detenido la expulsión de ocho inmigrantes por temor a que pudieran ser torturados o enfrentaran condiciones peligrosas en esos países.

Esta decisión del Tribunal Supremo es una victoria para la administración Trump en su fuerte campaña de control migratorio y deportaciones. Sin embargo, genera críticas por los riesgos que enfrentan los deportados en terceros países considerados inseguros, así como por la ausencia de garantías adecuadas para su defensa legal.

La polémica también se inscribe en el contexto de la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial estadounidense respecto a las políticas migratorias. Además, pone en evidencia las medidas excepcionales que el Gobierno ha tomado para agilizar deportaciones, incluyendo la creación de una «megacárcel» en El Salvador para albergar a deportados.

Tras la resolución, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el Gobierno ahora puede ejercer su autoridad legal para deportar a inmigrantes indocumentados a países que acepten recibirlos, celebrando que «se pongan en marcha los aviones de deportación».

Entre los deportados están personas originarias de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur. El fallo genera polémica porque Sudán del Sur es considerado un país en conflicto armado y riesgoso para la seguridad de los deportados, situación que motivó la suspensión previa.

El Gobierno de Trump argumentó ante el Supremo que muchos de los migrantes enviados cometieron crímenes graves y que sus países de origen no quisieron recibirlos. En línea con su política de «deportaciones masivas», Trump ha buscado acuerdos con terceros países para recibir migrantes expulsados, incluyendo un pacto con El Salvador por un pago de 6 millones de dólares, aunque el contenido del acuerdo no ha sido divulgado públicamente.