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Siete altos mandos policiales son separados tras no superar prueba de polígrafo
Las pruebas de polígrafo forman parte de los procesos de depuración institucional en cuerpos de seguridad en varios países de la región, con el objetivo de evaluar la credibilidad y posibles riesgos de corrupción dentro de la estructura policial.
23 de junio de 2026
Siete jefes policiales fueron destituidos de sus cargos luego de no aprobar una prueba de polígrafo aplicada como parte de los controles internos de confianza, en una decisión ordenada por la presidenta costarricense Laura Fernández.
La medida también incluye el inicio de investigaciones administrativas sobre posibles vínculos con actividades ilícitas.
Las pruebas de polígrafo forman parte de los procesos de depuración institucional en cuerpos de seguridad en varios países de la región, con el objetivo de evaluar la credibilidad y posibles riesgos de corrupción dentro de la estructura policial. Este tipo de evaluaciones suelen ser utilizadas en cargos de alto nivel o confianza, especialmente en unidades vinculadas a la lucha contra el crimen organizado.
En distintos momentos, estos mecanismos han generado debate público por su efectividad y por las consecuencias laborales que pueden derivarse de sus resultados. Sin embargo, las autoridades sostienen que se trata de una herramienta preventiva para reforzar la transparencia dentro de las fuerzas del orden.
De acuerdo con la decisión oficial, los siete funcionarios afectados ocupaban posiciones de dirección dentro de unidades policiales estratégicas. Tras los resultados de la evaluación, se ordenó su separación inmediata de los cargos de confianza, mientras se avanza en un proceso de revisión interna más amplio.
Las autoridades indicaron que las preguntas de la prueba estuvieron relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado, así como con la posible recepción de beneficios indebidos durante el ejercicio de sus funciones. Aunque no se han revelado identidades ni detalles específicos de cada caso, se confirmó que los funcionarios serán objeto de una investigación administrativa.
El gobierno ha reiterado que este tipo de acciones forman parte de una política de fortalecimiento institucional y depuración dentro de las fuerzas de seguridad, con el fin de evitar infiltraciones criminales y reforzar la confianza ciudadana en la Policía.