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El fallo fue emitido por una corte federal en Miami y corresponde a una demanda civil presentada por tres ciudadanos estadounidenses que aseguraron haber sido privados de libertad y víctimas de torturas mientras permanecían bajo custodia de organismos de inteligencia venezolanos.
15 de julio de 2026
Un juez federal de Estados Unidos ordenó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a otros funcionarios vinculados al chavismo pagar una indemnización de 314 millones de dólares tras una demanda presentada por ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y sometidos a abusos durante su permanencia en Venezuela.
El fallo fue emitido por una corte federal en Miami y corresponde a una demanda civil presentada por tres ciudadanos estadounidenses que aseguraron haber sido privados de libertad y víctimas de torturas mientras permanecían bajo custodia de organismos de inteligencia venezolanos.
La resolución se produjo luego de que los demandados no respondieran al proceso judicial, por lo que el tribunal dictó una sentencia en rebeldía. Entre los señalados aparecen Maduro, el empresario Alex Saab y otros funcionarios venezolanos mencionados en la demanda.
El juez federal Darrin P. Gayles determinó una compensación económica para los afectados, quienes alegaron haber sufrido detenciones arbitrarias y distintos tipos de maltrato físico y psicológico durante el tiempo que estuvieron privados de libertad en Venezuela.
Los demandantes —Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval— afirmaron que fueron utilizados como piezas de presión dentro de una disputa entre Caracas y Washington. Según la acusación presentada ante la justicia estadounidense, su liberación ocurrió en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros que involucró al empresario Alex Saab.
La sentencia también incluye referencias a otros funcionarios venezolanos y estructuras señaladas dentro del proceso judicial. Sin embargo, algunos nombres que inicialmente aparecían en la demanda quedaron fuera del fallo final, entre ellos Delcy Rodríguez, según reportes sobre la decisión judicial.
El caso se suma a una serie de procesos legales en tribunales estadounidenses relacionados con acusaciones contra altos funcionarios venezolanos. La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa judicial entre sectores vinculados al gobierno venezolano y ciudadanos que buscan compensaciones por presuntas violaciones a sus derechos.
Aunque el tribunal estableció la cantidad de la indemnización, el cumplimiento efectivo del pago dependerá de los mecanismos legales disponibles para ejecutar la sentencia, especialmente considerando que varios de los involucrados se encuentran fuera de la jurisdicción estadounidense o enfrentan otros procesos judiciales.
El fallo ha generado reacciones políticas y jurídicas, mientras continúa el debate internacional sobre las denuncias relacionadas con derechos humanos en Venezuela y las consecuencias legales que pueden enfrentar antiguos funcionarios señalados en procesos internacionales.