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El Salvador enfrenta críticas por fallecimientos bajo custodia estatal
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El Salvador enfrenta críticas por fallecimientos bajo custodia estatal
Entre los señalamientos se encuentran denuncias sobre posibles problemas de alimentación, atención sanitaria insuficiente, condiciones de hacinamiento y presuntos casos de violencia dentro de los centros penitenciarios.
16 de julio de 2026
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que cientos de personas han fallecido bajo custodia estatal en cárceles de El Salvador durante la aplicación del régimen de excepción, una situación que mantiene abierto el debate sobre las condiciones penitenciarias y las garantías de los detenidos.
El Salvador implementó en marzo de 2022 un régimen de excepción como parte de la estrategia del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, una medida que permitió ampliar las facultades de las autoridades para realizar capturas y mantener detenidas a personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales.
La política de seguridad ha sido reconocida por sectores de la población por la reducción de los homicidios y el debilitamiento de grupos delictivos; sin embargo, también ha recibido cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales que advierten sobre posibles abusos, detenciones arbitrarias y falta de garantías judiciales para algunos casos.
Amnistía Internacional (AI) alertó sobre la muerte de cientos de personas dentro del sistema penitenciario salvadoreño durante el régimen de excepción, señalando preocupaciones relacionadas con las condiciones de reclusión, la atención médica y el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad.
Según registros recopilados por organizaciones defensoras de derechos humanos, más de 500 personas habrían fallecido mientras permanecían bajo custodia del Estado desde la implementación de esta medida. Una de las organizaciones que documenta estos casos es Socorro Jurídico Humanitario, que reportó cientos de decesos en centros penales salvadoreños.
Los grupos críticos del régimen de excepción sostienen que una parte importante de las personas detenidas no habría recibido un proceso judicial adecuado antes de permanecer privadas de libertad, y cuestionan la falta de información pública detallada sobre las circunstancias de algunos fallecimientos.
Entre los señalamientos se encuentran denuncias sobre posibles problemas de alimentación, atención sanitaria insuficiente, condiciones de hacinamiento y presuntos casos de violencia dentro de los centros penitenciarios. Organizaciones internacionales han pedido investigaciones independientes para esclarecer cada muerte registrada.
Por su parte, el Gobierno salvadoreño ha defendido la estrategia de seguridad implementada desde 2022 y sostiene que las acciones contra las pandillas permitieron transformar los niveles de seguridad del país. Las autoridades han argumentado que las detenciones forman parte de una ofensiva contra estructuras criminales responsables durante años de altos niveles de violencia.