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La administración de Donald Trump anunció una de las medidas más polémicas en materia migratoria de los últimos años: la exigencia de un pago de 100,000 dólares anuales para cada solicitud del visado H-1B, uno de los programas más utilizados por empresas tecnológicas, de ingeniería y de investigación para contratar mano de obra calificada extranjera.

La medida, según explicó la Casa Blanca, busca “proteger al trabajador estadounidense” y desincentivar el uso del H-1B como una herramienta de sustitución laboral, donde compañías contrataban profesionales extranjeros con salarios más bajos en comparación con ciudadanos o residentes permanentes.

Hasta ahora, las tarifas del H-1B rondaban algunos miles de dólares por aplicación, dependiendo de la empresa y el tipo de solicitud. Con la nueva política, el costo se eleva de forma radical, restringiendo su uso únicamente a compañías con capacidad económica para absorber ese gasto.

En paralelo, se presentó un nuevo programa denominado “tarjeta dorada” (Gold Card), que permitiría a extranjeros altamente especializados o con respaldo financiero significativo acceder a un proceso migratorio acelerado. Bajo esta modalidad, el costo asciende a un millón de dólares, o dos millones si es gestionado con patrocinio empresarial.

El gobierno de Trump asegura que estas disposiciones tienen como fin evitar abusos, elevar los salarios prevalecientes y garantizar que quienes ingresen al país bajo estas condiciones lo hagan porque poseen capacidades extraordinarias, no como sustitutos de trabajadores locales.

Para la base política de “Make America Great Again” (MAGA), la iniciativa es vista como una victoria: prioriza el empleo interno y endurece el acceso a la mano de obra extranjera.

Sin embargo, el plan ya genera un intenso debate.

Sectores empresariales y académicos advierten que una tarifa de este nivel podría ahuyentar talento internacional, especialmente en áreas como tecnología, investigación médica y universidades, donde la participación de profesionales extranjeros ha sido clave para el desarrollo de Estados Unidos.

Asimismo, abogados de inmigración cuestionan la legalidad de imponer este tipo de tarifas mediante proclamaciones presidenciales, señalando que muchos cambios en el sistema de visados requieren aval del Congreso o procesos reglamentarios más amplios. Diversos analistas prevén que habrá demandas judiciales contra la medida.

Si se mantiene la nueva política, el acceso al visado H-1B podría reducirse drásticamente, limitando la contratación de profesionales internacionales por parte de pequeñas y medianas empresas. En el mediano plazo, esto podría afectar la competitividad y la innovación del país frente a mercados como Canadá, Reino Unido o Australia, que actualmente promueven programas de inmigración más accesibles para trabajadores calificados.