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Corte Suprema de EEUU avala fin del TPS para haitianos y sirios

La medida impacta directamente a más de 350,000 ciudadanos haitianos y alrededor de 6,000 sirios, quienes ahora enfrentan un escenario de incertidumbre legal y la posibilidad de perder sus permisos de trabajo y protección contra la deportación.

25 de junio de 2026

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración del presidente Donald Trump para avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a cientos de miles de migrantes haitianos y sirios, en una decisión que abre la puerta a posibles procesos de deportación.

 

El TPS ha sido una de las principales herramientas humanitarias del sistema migratorio estadounidense en las últimas décadas, beneficiando a ciudadanos de diversos países en crisis. Sin embargo, en los últimos años ha sido objeto de fuertes disputas políticas y judiciales, especialmente bajo administraciones que han buscado limitar o terminar estas designaciones.

 

El fallo, adoptado por una mayoría de 6 votos contra 3, respalda el argumento del Ejecutivo de que las decisiones sobre la terminación del TPS forman parte de su discrecionalidad administrativa y, en gran medida, no pueden ser revisadas por tribunales ordinarios, salvo en casos de violaciones constitucionales.

 

Con esta resolución, el alto tribunal revierte bloqueos previos de cortes inferiores que habían frenado la intención del gobierno de poner fin a estas protecciones migratorias. El TPS es un programa creado en 1990 que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras persistan las condiciones de riesgo en sus naciones de origen.

 

La medida impacta directamente a más de 350,000 ciudadanos haitianos y alrededor de 6,000 sirios, quienes ahora enfrentan un escenario de incertidumbre legal y la posibilidad de perder sus permisos de trabajo y protección contra la deportación.

 

Durante el proceso judicial, el gobierno defendió que las condiciones en ambos países han cambiado y que la continuidad del programa ya no estaría justificada. En contraste, organizaciones de derechos humanos y sectores migratorios advirtieron que las condiciones de violencia e inestabilidad siguen presentes, especialmente en Haití, lo que haría riesgoso cualquier retorno forzado.

 

La decisión también ha reavivado el debate sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria y el papel de los tribunales en la revisión de decisiones administrativas que afectan a poblaciones protegidas desde hace años en territorio estadounidense.

 

El reciente fallo de la Corte Suprema se suma a una serie de decisiones que han redefinido el alcance de la política migratoria en Estados Unidos y podrían tener efectos en otras designaciones similares aún vigentes.

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