EEUU entrega a El Salvador a exlíder legislativo por pactos con pandillas
27 de enero de 2026
El gobierno de Estados Unidos entregó a las autoridades salvadoreñas al ex presidente del Congreso y excandidato presidencial, Norman Quijano, quien fue condenado por la justicia de su país por negociar con pandillas a cambio de beneficios políticos durante la contienda electoral de 2014, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Quijano, miembro histórico de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue sentenciado a 13 años de prisión en 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en un caso donde se documentó que mantuvo negociaciones con estructuras criminales para obtener apoyo político.
El traslado del exparlamentario desde territorio estadounidense se produjo tras su captura en marzo de 2025, cuando fue detenido al solicitar asilo en ese país y permanecer recluido en un centro de detención migratoria en Texas. Funcionarios salvadoreños indicaron que, al descender del avión en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Quijano fue notificado formalmente de la condena dictada tiempo atrás.
Durante el proceso judicial en El Salvador, que se desarrolló en ausencia de Quijano debido a que se encontraba fuera del país, la Fiscalía presentó pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales que vincularon al político con reuniones y pagos efectuados a cabecillas de tres pandillas a cambio de ventajas electorales.
El fallo emitido por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador no sólo le impuso la pena de cárcel, sino que además inabilitó a Quijano para ejercer cargos públicos, incluido el de diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), del cual había perdido la inmunidad constitucional que en su momento lo protegía.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reaccionó al acontecimiento calificándolo como un “mensaje para todos los que huyen de la justicia”, en referencia a funcionarios o figuras políticas que han intentado evadir procesos judiciales en su país.
Este caso se produce en un país que ha mantenido en los últimos años una fuerte ofensiva contra las pandillas, incluyendo amplios procesos de detención de supuestos miembros de grupos como la MS‑13 y Barrio 18 y reformas legales que han permitido juicios masivos y penas severas para delitos relacionados con crimen organizado.
La entrega de Quijano también subraya la cooperación internacional en materia de justicia penal entre Estados Unidos y El Salvador, especialmente en casos donde se investigan vínculos entre actores políticos y estructuras criminales. El procedimiento siguió mecanismos legales que permitieron trasladar al condenado para que cumpla su sentencia en su país de origen.
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